Ya lo dijo el presidente Mauricio Macri varias veces, para salir de la “tormenta” (económica), “todos” tiene que colaborar. Los jueces también. Por eso el gobierno nacional intenta ahora que todos los magistrados paguen ganancias, un impuesto del que la mayoría está exento. En 2016 el gobernador Miguel Lifschitz planteó lo mismo para los jueces provinciales; era uno de los puntos que pensaba cambiar de la Constitución santafesina cuya reforma quedó en pausa.
La modificación del artículo 79 de la ley de Impuesto a las Ganancias obliga a pagar el tributo a todos los miembros del Poder Judicial –jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados– que ingresen al mismo desde el 1º de enero de 2017 pero una medida cautelar bloquea el pago de algunos.
De acuerdo a lo publicado por Clarín, Macri buscará ampliar el pago a los miembros que hayan ingresado antes de esa fecha con un acuerdo con las provincias opositoras que presionen sobre el Congreso y sacar desde allí la solicitud a Corte Suprema.
La idea surgió de un paper que la semana pasada los ministros de Economía provinciales le elevaron a Rogelio Frigerio donde, entre otras propuestas, planteaban eliminar las exenciones sobre Ganancias que, además de jueces, impide cobrar ese impuestos a algunos empleados privados y públicos.
Según fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, actualmente 400 miembros de la Justicia federal cumplen con el impuesto. Insisten en que el proceso es “gradual” pero “necesario”.
“Apostamos a un proceso de transformación de la propia Justicia que en varias jurisdicciones se va dando”, señalaron.
Se trata del programa de gobierno abierto Justicia 2020, que se desarrolla en siete ejes temáticos: institucional, penal, civil, acceso a la Justicia, derechos humanos, gestión y Justicia y comunidad.
