Remedios vencidos, adulterados, robados e importados ilegalmente fueron hallados bajo tierra en el marco de nuevos allanamientos ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la investigación de la denominada mafia de los medicamentos.
¿Por qué bajo tierra? Para el juez porque intentaron ocultarlos durante los allanamientos. "Pero se los encontré, dijo el magistrado. Y agregó: "Están en depositos increíbles por su volumen, son medicamentos todos vencidos". Acababa de realizar un procedimiento en la zona del barrio porteño del Bajo Flores.
El magistrado sostuvo que en la investigación "hay que ser cautelosos" porque el empresario farmacéutico y principal sospechoso en la causa, Néstor Lorenzo, "está en libertad".
Lorenzo es titular de la droguería San Javier, pero al juez le interesa su relación con la cooperativa de crédito Vernet. Las oficinas de Vernet están ubicadas en el segundo piso de 25 de Mayo 293. Cuatro pisos más arriba funcionaba la cueva financiera del consulado de Guinea Bissau. A ese aguantadero también iban a cambiar cheques el propio Lorenzo y otros clientes célebres vinculados con la venta irregular de medicamentos, como el asesinado Sebastián Forza, Esteban Pérez Corradi (investigado como proveedor de efedrina) y Walter Pérez.
La financiera tenía como clientes a droguerías asociadas a la mafia de los medicamentos cuyos propietarios aparecen mencionados en las escuchas telefónicas que están en poder de la Justicia. Uno de esos empresarios, tal como Crítica de la Argentina consignó ayer, es Gabriel Brito, dueño de Global Pharmacy Services, una sociedad que quebró el año pasado pero aportó 310 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
