PAMI, la deuda internaComo sabemos, según nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía y la satisfacción de sus necesidades básicas, contemplando todas y cada una de las fracciones generacionales de nuestra sociedad. Me detengo especialmente en la situación de las personas de la tercera edad afiliados al PAMI, quienes se encuentran inmersos en un modelo de salud y acción social cuya calidad prestacional y mecanismos de control se encuentran cada vez más deteriorados. Entonces me pregunto, ¿dónde quedaron los criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia en pos de un nivel de mayor calidad para la atención de los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)? Generalmente, cuando una institución se encuentra flanqueada por una serie de irregularidades que superan a las autoridades competentes, se interviene dicha institución con un claro objetivo, su normalización. En el caso del PAMI, la Obra Social más grande de Latinoamérica, con más de 3.200.000 afiliados, esta normalización institucional, muy ansiada por sus afiliados (y por toda la sociedad), aún se hace esperar.En torno a este tema han circulado diferentes opiniones e ideas, algunos expresaron la necesidad de alejar del cargo a los responsables de la institución, otros plasmaron la idea de reformar la estructura de la Obra Social, e incluso manifestaron la posibilidad de que en nuestra ciudad, se haga cargo el Municipio. Esta última idea me llamó poderosamente la atención, en un primer análisis pensé en el dinero destinado a estas problemáticas. ¿Qué pasaría con ese dinero si de ahora en más quien respondiera política, administrativa y económicamente fuera la Municipalidad de Rosario? Y si esto fuera posible, podríamos decir entonces, que Rosario no debe coparticipar más ni a la Provincia ni a la Nación y debe hacerse cargo del PAMI (el cual podría llamarse "Pami Municipal de Rosario"), y además de las Escuelas Públicas, de los Hospitales Provinciales, de la Policía, de la ANSÉS, y de todo lo que no funciona nacional o provincialmente. Tendría esto sentido? Obviamente, esto no se condice bajo ningún punto de vista con las normas que rigen en nuestra Constitución. En segundo lugar me pregunté qué pasaría con aquellos damnificados que no se encuentren dentro del municipio de nuestra ciudad, ¿quién responderá por ellos?, seguramente se instará a todos los municipios y comunas de nuestra Provincia a que lo hagan. Suena realmente descabellado. Es por ello, que no podemos, ni debemos, seguir en la lógica de "primero lo mío y luego lo del otro". Se hace imposible pensar que los municipios deben tomar como propios aquellos temas en los cuales el Gobierno Nacional o Provincial se encuentren desbordados. No seamos ingenuos, esto es sencillamente, negligencia, generadora de una laguna normativa que desencadena en desconcierto y en muchos casos llega hasta el abandono de personas. Esta situación, verdaderamente delicada, se agrava aún más, al tratarse de nuestros jubilados y pensionados, mujeres y hombres que han trabajado toda su vida para generar su sustento y el de su familia, y que hoy deberían recibir el cuidado y la atención que merecen por su esfuerzo. Sin embargo encuentran que obligadamente deben trabajar mucho más por algo que es, simple y llanamente UN DERECHO: el de todo ser humano, el derecho a la salud, en un marco de protección y respeto a la dignidad humana.Concejal Miguel PedranaVicepresidente Comisión de Derechos HumanosBloque Socialista