El represor y ex comandante del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar, Ramón Genaro Díaz Bessone, murió este sábado a los 91 años en Capital Federal, donde se encontraba bajo arresto domiciliario luego de que fuera condenado por delitos de lesa humanidad.

En 2012, el ex general fue condenado en Rosario por su responsabilidad en los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones (SI), uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia de Santa Fe, ubicado en la esquina de Dorrego y San Lorenzo, ex jefatura policial.

Ese mismo año, los Tribunales locales decidieron que “no estaba en condiciones psíquicas” de afrontar otros juicios, y de esta manera eludió comparecer en otros procesos en los que era requerido.

En 2005, dos años después de que se anularan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Díaz Bessone fue procesado como organizador de una asociación ilícita en la denominada causa Feced. 

En ese expediente se le imputaban 38 delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso con tormentos y 15 casos de desaparición forzada de persona.

Comandante y ministro

Entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 ocupó la jefatura del II Cuerpo de Ejército, asentado en Rosario y allí coordinó la dirección de los centros clandestinos de detención ubicados en el zona Noreste del país. También fue ministro de Planeamiento de la dictadura de Jorge Rafael Videla.

En 1989 fue beneficiado por el indulto presidencial de Carlos Menem y creó la Fundación 2000, un grupo conformado por ex militares que reivindicaban el accionar represivo llevado a cabo en los tiempos del terrorismo de Estado.

A finales de los '90, presidió el Círculo Militar y expulsó de sus filas al ex jefe del Ejército Martín Balza, quien durante la gestión de Menem había formulado una autocrítica por el accionar del arma durante la represión ilegal, señaló la agencia Télam.

Nuevo juicio en Rosario

Un cura y trece policías comenzarán a ser juzgados este jueves por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones (SI). Se trata de Feced III, el décimo primer juicio oral y público desarrollado en Rosario contra criminales de lesa humanidad.

Un total de 155 casos de violaciones a los derechos humanos serán ventilados a lo largo del proceso que tendrá como imputados a los ex policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Según explicó la abogada de HIJOS Rosario Nadia Schujman, para este juicio “se unificaron varias causas que en un momento tramitaron por separado principalmente porque los acusados formaban parte de un mismo grupo operativo”.

La causa Feced III que constituye el tercer tramo de una amplia investigación sobre los crímenes de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario.

A pesar de ser un megajuicio que incluye 155 casos, Schujman aclaró que “sólo se juzgarán parte de los ilícitos que se investigaron en la etapa de instrucción”, y que “aún quedan pendientes hechos delictivos que tuvieron por víctimas a otras personas, y por responsables a estos mismos imputados y a otros más”.

El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás).

De los catorce acusados sólo tres no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli.

Gianola y González estaba prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.

Adolfo Villate, fiscal federal que intervendrá en el juicio, explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.

Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes.

Por su parte el espacio Juicio y Castigo Rosario convoca a participar del juicio y acompañar a los testigos y querellantes. Las organizaciones llamaron “a participar desde las 9 en el inicio de la audiencia y luego al mediodía de una radio abierta en la que se escuchará la palabra, entre otros, de representantes de organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura”