Ciro Seisas
El cierre de Póker Night, la bailanta que funcionó de manera ilegal durante años en Central Córdoba, puede ser considerado un hito en el que lo que se cierre también es una serie de acciones que hacen dudar de la buena fe de algunos funcionarios. O probablemente no. Depende de si alguien está dispuesto a bailar con la más fea.
Poker Night, que había sido observada por el ex director de Inspección, Gregorio Ramírez, a través de un escrito en el que se oponía a prorrogar su habilitación precaria, encontró en más encumbrados funcionarios, como el ex subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana Luis Baita, el aval para permanecer abierto.
“Esta ciudad ha cambiado, ha crecido. Tenemos que trabajar fuertemente para el cumplimiento de las normas. Cada vez que un vecino violenta una norma está vulnerando el derecho de otros vecinos”, declaró al asumir el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Pablo Seghezzo, a Radio Dos. Parece que Poker Night le ganó de mano a los funcionarios. A aquellos y a éstos, porque no menos importante en el resonante caso de la semana es que se cerró por iniciativa de una comisión directiva renovada, no dispuesta a tolerar gerenciadores que actuaban como si se tratara de un espacio ajeno al club charrúa. No se frenó por por un exhaustivo control ni por una contracción al deber.
Hace más de un año, Gregorio Ramírez protagonizaba un polémico operativo de control en La Rosa Sexy Bar. Tiempo después, el Ministerio de Seguridad provincial, a través de la Dirección de Delitos Complejos y su unidad que combate la trata de personas, clausuró La Rosa Sexy Bar, un espacio mítico de Pichincha. En el operativo se detuvo a su dueño, Juan Cabrera, alias Indio Blanco. Fue procesado por promoción y facilitamiento de la prostitución. Durante, La Rosa fue sinónimo de amenización carnal para despedidas de solteros. Había funcionarios que sabían
perfectamente lo que allí pasaba. Algunos, incluso, eran habituales testigos.
Casi en paralelo, en febrero de 2013 se cayó la franquicia de Esperanto, el boliche más polémico de la historia nocturna reciente de Rosario. La dio de baja el representante de la franquicia, Leo Travaglio, entre otras cosas porque no había logrado ser habilitada como boliche bailable. “Es como ir a comer a Mc Donalds y no poder pedir hamburguesa”, graficó el mediático empresario. Algo grave admitió ese día y volvió a escucharse a fin de año: uno de
los inversores era Luis Roberto “Gringo” Medina junto a su ex mujer, Daniela Natalia Ungaro, integrante de una conocida familia rosarina ligada al delito. De esto último dan fe añosos expedientes judiciales, no habladurías de la calle. Y Medina murió acribillado de 17 balazos.
Lo importante del caso es que Medina y socios, que estuvieron a punto de abrir un negocio en el que podían llegar a darse situaciones como la narrada en el párrafo de La Rosa, es que para abrir el boliche, la ordenanza 7218/01 (la de actividad nocturna) había sido estudiada al mínimo detalle y el boliche calzaba “como con un guante, pero con todo legal”. La cosa terminó politizada: el Concejo reabrió el registro de oposición y los vecinos le subieron el volumen a la
protesta. Terminó habilitada como restorán con dudas. Apenas abrió, imágenes difundidas por TOP TV, programa que emite El Tres, comprobaron que allí había bailongo.
Son tres casos. Hay y habrá otros para desmenuzar. Lo más serio de todo esto sigue siendo la cadena de controles. A alguien se le salió esa cadena.
No estamos hablando de una delicada ingeniería financiera para blanquear dinero. Estamos hablando de gente que sabe que está por abrir un negocio ilegal o con plata de negocios indeclarables. No. Son gente que busca exponerse, prender luces y subir los parlantes al techo.
A nadie se le ocurre meterse a poner plata en un lavadero de autos como Walter White, el zar de la metanfetamina de Breaking Bad.
Son empresarios a los que les atrae la sombra. Que se hable de ellos, que se recuerde la fiesta que supieron proveer. Ser leyenda. De la mano de funcionarios demasiado miopes o demasiado avivados para controlar eficazmente. 25 años de gobierno debieran transformar en obvio que la honestidad debe ser brutal cuando el dinero es público. Claro que para eso, hay que identificar a los transgresores de éste lado del mostrador y eyectarlos de la función pública. Bailar con la más fea, algo que nadie quiere.
