La Cámara de Senadores de la provincia aprobó un pedido de informes que tiene como destino la Corte Suprema de Justicia santafesina sobre el caso de la nena mocoví que tras ser abusada sexualmente fue separada de su comunidad por una jueza. En el texto se le reclama al órgano máximo judicial en la provincia que explique "si en el ámbito de su competencia ha tomado alguna medida respecto del caso" y se le insta a lograr "una solución justa y humana ante la situación que padece la menor de desarraigo de su comunidad".

El viernes 2 de marzo Rosario.com publicó los detalles del caso que desgarró a Colonia Dolores, una pequeña comunidad santafesina. Allí, una menor que fue abusada sexualmente por un vecino fue luego separada de su familia y de su comunidad por una jueza (Susana Giordano de Bilich) que la entregó en guarda a una familia porteña que vive en Recoleta. La comunidad mocoví, que reclama su custodia, sostiene que se trata de una injusticia. Tras hacerse público el caso, intervino en el caso la Defensoría del Pueblo.

Según publica el diario El Litoral, el senador Ricardo Olivera (PJ-San Justo) explicó en el recinto las razones del pedido de informes a la Corta Suprema. El legislador resaltó que se intenta actuar "el debido respeto", tanto por el dolor de las personas involucradas, como por tratarse de otro Poder.  Amparándose en la ley nacional 23.302 y la provincial 11.078, que consagran el derecho de los aborígenes "a vivir dentro de su cultura", Olivera señaló que "la palabra huérfano no existe en la lengua mocoví", porque según explicó "en estas comunidades todos se hacen cargo".

El texto establece que la Cámara Alta solicita al Poder Ejecutivo su intervención y que "vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia informe si en el ámbito de su competencia, ha tomado alguna medida respecto del caso de dominio público que se ha suscitado en torno de la guarda judicial de una menor de la localidad de Colonia Dolores, en el interés de lograr una solución justa y humana ante la situación que padece la menor de desarraigo de su comunidad".

En los fundamentos, Olivera cita informes de los profesionales que aconsejaron al juzgado separar a la menor del grupo familiar y reintegrarla a su comunidad. Además, plantea que hubo entrevistas con docentes y directivos de la escuela de la nena, con personal del dispensario, el cura párroco, representantes de la comunidad mocoví y la presidenta comunal Dora Salteño, quien manifestó su disposición de abrir su hogar a la menor. Más adelante, el senador explica que según los vecinos la nena mejoró duró su corta estadía con otra familia de la comunidad mocoví, pero que posteriormente la menor fue confiada a una familia porteña.

"El hecho es que quienes se interesan por el bienestar de la niña, incluidos sus familiares, son sorprendidos por lo que resuelve el juzgado, no dándoseles sino hasta hace pocos días ninguna información oficial de su paradero, aunque por trascendidos logran enterarse de que quienes la habían llevado a Buenos Aires la devuelven al Juzgado en Santa Fe dos días después, al parecer ante la profunda reacción que causó en ella el marcharse con perfectos desconocidos a un ambiente ubicado totalmente en las antípodas del mundo social y cultural al que pertenece", sostiene en el texto.