La Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia respondió a los cuestionamientos que hicieron los concejales del Frente para la Victoria (FPV) Norma López y Roberto Sukerman, quienes pidieron la renuncia del titular del área, Lautaro D´Anna.

La oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Social expresó mediante un comunicado que los dirigentes cometieron "errores" al hacer público detalles del caso que implica a una menor. Los ediles habían pedido la renuncia de D´Anna luego de que varias familias solidarias denunciaran "numerosas irregularidades" de esa área en relación con los menores en riesgo.

“Debería alejarse de su cargo ante la incapacidad que ha mostrado el organismo en las resoluciones de distintas problemáticas", dijeron los concejales.

El el texto, la Dirección de Niñez afirma que “como producto del desconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley 26.061 y la Ley Pcial. 12.967”, los concejales “incurrieron en errores”. El comunicado menciona la ley provincial 12.967 que en el artículo 52 inc. B establece que de “forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar debiéndose propiciar a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario”.

“Este artículo direcciona nuestro trabajo –aclara la Dirección de Niñez– y en ese marco legal intervenimos, pensando espacios de alojamiento transitorio, mientras se revincula con la familia ampliada o de la comunidad, entendiendo que el estado de adoptabilidad sólo es posible cuando resulta infructuosa la búsqueda”.

“La ley también nos enumera un orden de prioridades acerca del lugar donde deben permanecer niños, niñas y adolescentes, en el inciso A) del artículo mencionado que se transcribe a continuación “Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos”, continúa el comunicado. “Las medidas consisten en la búsqueda e individualización de las personas vinculadas a ellos a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes”.

El texto puntualiza que “llama la atención que quienes se erigen como defensores de los derechos humanos, contradicen, con los dicho vertidos lo preceptuado en el art. 19 de la Ley Pcial. 12.967 que expresa: «Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar»”.

“En el artículo periodístico queda manifiesta la circulación de información de la vida de una niña, que se expone abiertamente por quienes dicen querer protegerla, sin ser esta la primera vez que sucede”, concluye el comunicado.