Luego del espectacular procedimiento que terminó con la clausura de La Rosa, Gregorio Ramírez –titular de la Dirección de Inspección municipal– sostuvo que "los inspectores llegaron en medio del procedimiento de la Dirección Provincial de Trata y no tenían elementos para clausurarlo por eso no intervinieron".
Las declaraciones del funcionario se dieron luego que la jueza de Instrucción 2ª, Alejandra Rodenas, relatara que cuando los inspectores ingresaron al local finalizado el operativo se negaron a colocar las fajas de clausura. "Dijeron que por orden de un superior no podían clausurar el lugar. A esa altura, se había descorrido un gran velo y ya se veían muchas de las conexiones internas que unían al cabaret con el hotel lindero", señaló a Radio 2 la magistrada a cargo de la causa en la que este lunes declarará Juan Cabrera, propietario del local.
"He ido 7 u 8 veces al lugar y en todas esas ocasiones las alternadoras salían de la puerta de adelante hacia el hotel. Cuando se toma una resolución jurídica hay que estar completamente seguro, por trascendidos se que existían conexiones internas que se hicieron sellar pero no las vi", señaló Ramírez en contacto con el periodista Roberto Caferra.
En tanto, sostuvo que cuando llegaron las 17 alternadoras estaban trabajando con el personal del Instituto de la Mujer y que los inspectores no llegaron a corroborar nada.
"Diferente fue el procedimiento del Palacio Berlusconi –donde lo pase bastante mal– porque había una ordenanza que establece que no puede haber sexo explícito e incluso hay una ley nacional que avala esto", señaló.
Por último, negó que existan intereses de "amparar al Indio Blanco ni a cualquier persona que comente delitos". "La clausura judicial tiene que ver con la constatación de un delito a diferencia de una clausura administrativa. Nosotros somos el último eslabón pero es importante la colaboración entre todos", concluyó.
