La ordenanza que crea un nuevo sistema para ejecutores fiscales del municipio no puede ponerse en práctica por la presentación de una medida cautelar en la Justicia.

La norma fue aprobada por el Concejo a fines de mayo pasado con el objetivo de terminar definitivamente con los excesos que durante muchos años se denunciaron por el cobro de honorarios de deudas fiscales municipales a contribuyentes que pretendían cancelar deudas de TGI.

Sin embargo, cuatro de los procuradores más antiguos del municipio presentaron el recurso judicial para que no se cambie el sistema con el argumento de que se modificaría su relación laboral. La nueva ordenanza crea un sistema informático para transparentar la liquidación y cobro de honorarios y elimina los intermediarios.

La secretaria de Hacienda municipal, Veronica Irizar, detalló este miércoles que la nueva norma sancionada por el Concejo no entró en vigencia por la cautelar que interpusieron los procuradores.

En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), la funcionaria indicó que el municipio revocó la medida en los tribunales “porque no es ningún agravio para los procuradores sino que intenta dar mayor transparencia para los contribuyentes”.

Irizar aconsejó a los contribuyentes que tengan que hacer trámites de cancelación de deudas que busquen asesoramiento en la Dirección de Cobranza Administrativa y Judicial de la Municipalidad de Rosario que funciona en el edificio de la Aduana o en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo.