Los mismos 12 policías que fueron removidos de sus cargos en el destacamento de Frontera por haber crucificado a un joven en la ciudad cordobesa de San Francisco, ahora están acusados de haber privado ilegítimamente de su libertad a dos personas y de haber obligado a uno de ellos a comer su propia materia fecal y beber la orina de otros. Pero aunque el fiscal general del ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Julio De Olazábal, pidió la prisión preventiva para 6 de ellos, bajo la sospecha “verosímil” que podrían afectar la investigación, el juez a cargo la rechazó y se encuentran libres. De Olazábal habló de “desborde” y “falta de control”.

En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, De Olazábal confirmó que los acusados son los mismos que habrían crucificado a un muchacho de 27 años el viernes pasado con cinta de embalar.

El fiscal explicó que este primer hecho que se conoció en realidad fue el último de otros dos casos similares detectados en la misma comisaría. Tal vez incluso, habría muchos más.

“El simulacro de crucifixión fue el que conocemos primero pero el ultimo en el tiempo. Tras las investigaciones saltaron dos hechos iguales o peores para la dignidad humana”, explicó.

Antes del caso del joven crucificado, los oficiales habrían torturado y mortificado a un hombre hasta llevarlo al límite, lo dejaron desnudo en una celda durante los peores días de frío y luego lo obligaron a ingerir sus propios excrementos y el orín de otros detenidos. Pero ahí no terminó todo, cuando la víctima vomitó del asco lo forzaron a esparcir su bilis por su cuerpo.

Y aún antes que esto, en abril, los policías abrieron fuego contra una persona en el barrio Acapulco de la localidad de Josefina. Esta víctima casi pierde uno de sus dedos de la mano izquierda y tiene el fémur de su pierna derecha destrozado.

El fiscal señaló que las autoridades santafesinas tardaron en enterarse de semejantes vejaciones porque en Frontera, las víctimas acudían al hospital más cercano, ubicado en la cordobesa San Francisco.

“Estoy convencido que (estos abusos) están reducidos a Frontera, que no es una hábito, pero nos obliga a actuar personalmente para restañar la herida”, aseguró De Olazábal quien lamentó que el juez a cargo de los hechos haya descartado su pedido de prisión preventiva para los acusados.

Señaló que le presentó el testimonio de algunas de las víctimas que reconocieron que fueron tentados a aceptar una suma de dinero a cambio de guardar silencio.