Un informe de diario La Nación arroja serias dudas en cuanto a la legitimidad del padrón electoral que será utilizado en las elecciones del 28 de octubre próximo. A tres semanas de la contienda, según aduce este medio, las planillas arrojan a 26.290 hombres de más de 100 años como habilitados para votar, mientras que siete mil de ellos tienen más de 112 años.
Si el padrón es correcto y toda esta gente se presenta el domingo 28, el Indec estará equivocado ya que en su último censo, hecho en 2001, sólo registró 374 hombres de más de 100 años. Pero, si en cambio, la oficina de estadísticas es la que tiene razón, el padrón tiene una falla grande, con un registro de más de 25.000 muertos.
En tanto, no hay registro de las mujeres porque en la década del 40, cuando se sancionó la ley del voto femenino, el Congreso priorizó la discreción y ordenó que sus edades no quedaran asentadas en las fichas. Con el tiempo el criterio cambió, pero esa información que no fue registrada nunca pudo recuperarse en su totalidad.
"Hoy es fácil emitir un documento falso, con foto y todo, y hacer votar a otra persona por el muerto -dijo Eduardo Macaluse, diputado nacional por el ARI-. Cuando pasa, es muy difícil de comprobar, ¿quién hace la denuncia si viene un viejito a votar con un DNI que tiene su foto? Yo no digo que vaya a pasar, pero existe el riesgo”, deslizó, abonando el terreno de posibles irregularidades en el padrón.
Según apunta la nota periodística, las autoridades de la justicia electoral, que son quienes preparan los padrones, sabrían que sus planillas arrastran miles de muertos, incluso menores de 100 años, pero afirman que no pueden borrar a nadie sin "la baja" del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo que depende del Ministerio de Interior.
Para el Gobierno, el problema está en la ley. “Hay que cumplir demasiados requisitos para remover de las listas a una persona fallecida”, afirma el director nacional electoral, Alejandro Tullio. "Con un certificado de defunción debería ser suficiente para dar de baja a alguien, pero la ley establece lo contrario". Mientras tanto, deslindó responsabilidad en los jueces: "Ellos tienen las herramientas para depurar los padrones. Si no las quieren usar, yo no me puedo meter".
Según el director nacional electoral, la ley exige el documento cívico del fallecido para borrarlo y, si la familia no lo presenta, el muerto se eterniza en el padrón: "Para evitar esa situación, los jueces podían declarar inconstitucional la norma, por ser imposible de cumplir, y borrar a la persona que murió".
"En los años que llevo en este cargo jamás se comprobó ningún caso", afirmó Tullio a La Nación. "Los hombres de más de 100 años son el 0,1 por ciento de los electores, una proporción insignificante para lo que es el padrón", dijeron en la Justicia.
Si el padrón es correcto y toda esta gente se presenta el domingo 28, el Indec estará equivocado ya que en su último censo, hecho en 2001, sólo registró 374 hombres de más de 100 años. Pero, si en cambio, la oficina de estadísticas es la que tiene razón, el padrón tiene una falla grande, con un registro de más de 25.000 muertos.
En tanto, no hay registro de las mujeres porque en la década del 40, cuando se sancionó la ley del voto femenino, el Congreso priorizó la discreción y ordenó que sus edades no quedaran asentadas en las fichas. Con el tiempo el criterio cambió, pero esa información que no fue registrada nunca pudo recuperarse en su totalidad.
"Hoy es fácil emitir un documento falso, con foto y todo, y hacer votar a otra persona por el muerto -dijo Eduardo Macaluse, diputado nacional por el ARI-. Cuando pasa, es muy difícil de comprobar, ¿quién hace la denuncia si viene un viejito a votar con un DNI que tiene su foto? Yo no digo que vaya a pasar, pero existe el riesgo”, deslizó, abonando el terreno de posibles irregularidades en el padrón.
Según apunta la nota periodística, las autoridades de la justicia electoral, que son quienes preparan los padrones, sabrían que sus planillas arrastran miles de muertos, incluso menores de 100 años, pero afirman que no pueden borrar a nadie sin "la baja" del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo que depende del Ministerio de Interior.
Para el Gobierno, el problema está en la ley. “Hay que cumplir demasiados requisitos para remover de las listas a una persona fallecida”, afirma el director nacional electoral, Alejandro Tullio. "Con un certificado de defunción debería ser suficiente para dar de baja a alguien, pero la ley establece lo contrario". Mientras tanto, deslindó responsabilidad en los jueces: "Ellos tienen las herramientas para depurar los padrones. Si no las quieren usar, yo no me puedo meter".
Según el director nacional electoral, la ley exige el documento cívico del fallecido para borrarlo y, si la familia no lo presenta, el muerto se eterniza en el padrón: "Para evitar esa situación, los jueces podían declarar inconstitucional la norma, por ser imposible de cumplir, y borrar a la persona que murió".
"En los años que llevo en este cargo jamás se comprobó ningún caso", afirmó Tullio a La Nación. "Los hombres de más de 100 años son el 0,1 por ciento de los electores, una proporción insignificante para lo que es el padrón", dijeron en la Justicia.
