“De mala fe”, “desleal”, “sospechoso de intencionalidad política”. Así calificó el gobierno provincial el pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que cuestionó a la administración de Hermes Binner “por no poder satisfacer el eficiente servicio de justicia que la sociedad demanda”. El fuerte cruce supone un conflicto de poderes, si se tiene en cuenta que de un lado está el Ejecutivo, que impulsa una reforma procesal penal para imponer el sistema oral y público –que la Legislatura aprobó que se haga en forma gradual–, y del otro los encargados de impartir justicia.
Quien salió a hablar por el gobierno fue el secretario de Justicia, Roberto Vicente, quien sostuvo que el posicionamiento de los magistrados “es una cuestión de tinte política” y criticó que el Colegio que los nuclea “no hace un autoexamen sobre lo que no hicieron durante tantos años” para que se genere la “crisis del sistema del que ellos son parte”.
Para Vicente el planteo es “desleal” sobre todo porque, dijo, el gobierno demostró siempre “una postura dialoguista” con la idea de que lo ideal es el consenso.
En ese sentido, recordó: “Hemos mandando hace ya mucho tiempo el pedido para que los colegios de Abogados, Magistrados y universidades opinen sobre modificaciones que queriamos hacer al reglamento del Consejo de la Magistratura –uno de los puntos cuestionados en el documento– y la verdad es que los unicos que contestaron, hace muy poco tiempo, son los colegios de Abogados, a los que les interesam participar como corporacion”.
“El Colegio de Magistrados todavía no ha enviado el documento diciendo públicamente qué es lo que quiere”, reprochó.
