La idea de que el fenómeno de la inmigración en España no se resuelve con "más policía" o "levantando muros", fue la coincidencia más importante entre los participantes del II Congreso Internacional sobre Migraciones y Desarrollo, realizado en Madrid. Las opiniones y puntos de vista relacionados con los diferentes tópicos del flujo migratorio, asimismo, dejaron en evidencia muchos de los problemas que deben soportar los inmigrantes en territorio español.
El tema de la inmigración es considerado un "problema grave" en España desde las crudas imágenes televisivas de los cayucos (precarias embarcaciones) cargados de africanos al borde de la desnutrición, llegando a las costas canarias en plena temporada de verano. Sin embargo, en el Congreso, representantes de varias ONGs y de algunos organismos estatales coincidieron en que la llegada de inmigrantes en cayucos "representan sólo el uno por ciento de la inmigración que recibe España".
"La mayor inmigración llega por aeropuertos o por las fronteras terrestres", coincidieron los asistentes al Congreso, dejando en claro que por Barajas ingresan vuelos con turistas que una vez en España se quedan como ilegales.
Asimismo, hicieron notar que los micros provenientes de los países de Europa del Este también aportan bastante al alto porcentaje de inmigración ilegal. En relación a este último punto, quedó en relieve la preocupación de los residentes latinoamericanos en España ante la inminente obligación de contar con visado para los bolivianos que pretendan ingresar al país como turistas, una condición que ya alcanza a colombianos y ecuatorianos, entre otros.
Este nuevo escollo para un país de Sudamérica llega en un momento en el que, según asociaciones de residentes de ese país, "arriban unos 250 compatriotas por semana, de los cuales 50 son repatriados".
Asimismo, advirtieron como un problema el ingreso pleno de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, por ser países de los que provienen muchos de los trabajadores que integran el sistema laboral español.
"Hasta fin de año, los ciudadanos de esos países deben cumplir casi los mismos requisitos que un latinoamericano al que le hacen un contrato de trabajo. Pero con el nuevo estatus, a un empleador español le convendrá mucho más tomar a alguien de esos países, como sucede desde hace dos años con los polacos", explicaron representantes de residentes ecuatorianos en Madrid.
Se quejaron también por "la escasa predisposición" de las autoridades españolas para diferenciar entre aquellos inmigrantes que por una cuestión social o cultural, tienen más capacidad de integración que los llegados de países con costumbres e idiomas completamente distintos".
Finalmente, se cuestionaron las políticas represivas o de "muros y alambrados", y se insistió en la "necesidad de firmar pactos de cooperación con los países" que por sus situaciones "obligan" a muchos de sus habitantes a buscar la emigración como única alternativa.
El tema de la inmigración es considerado un "problema grave" en España desde las crudas imágenes televisivas de los cayucos (precarias embarcaciones) cargados de africanos al borde de la desnutrición, llegando a las costas canarias en plena temporada de verano. Sin embargo, en el Congreso, representantes de varias ONGs y de algunos organismos estatales coincidieron en que la llegada de inmigrantes en cayucos "representan sólo el uno por ciento de la inmigración que recibe España".
"La mayor inmigración llega por aeropuertos o por las fronteras terrestres", coincidieron los asistentes al Congreso, dejando en claro que por Barajas ingresan vuelos con turistas que una vez en España se quedan como ilegales.
Asimismo, hicieron notar que los micros provenientes de los países de Europa del Este también aportan bastante al alto porcentaje de inmigración ilegal. En relación a este último punto, quedó en relieve la preocupación de los residentes latinoamericanos en España ante la inminente obligación de contar con visado para los bolivianos que pretendan ingresar al país como turistas, una condición que ya alcanza a colombianos y ecuatorianos, entre otros.
Este nuevo escollo para un país de Sudamérica llega en un momento en el que, según asociaciones de residentes de ese país, "arriban unos 250 compatriotas por semana, de los cuales 50 son repatriados".
Asimismo, advirtieron como un problema el ingreso pleno de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, por ser países de los que provienen muchos de los trabajadores que integran el sistema laboral español.
"Hasta fin de año, los ciudadanos de esos países deben cumplir casi los mismos requisitos que un latinoamericano al que le hacen un contrato de trabajo. Pero con el nuevo estatus, a un empleador español le convendrá mucho más tomar a alguien de esos países, como sucede desde hace dos años con los polacos", explicaron representantes de residentes ecuatorianos en Madrid.
Se quejaron también por "la escasa predisposición" de las autoridades españolas para diferenciar entre aquellos inmigrantes que por una cuestión social o cultural, tienen más capacidad de integración que los llegados de países con costumbres e idiomas completamente distintos".
Finalmente, se cuestionaron las políticas represivas o de "muros y alambrados", y se insistió en la "necesidad de firmar pactos de cooperación con los países" que por sus situaciones "obligan" a muchos de sus habitantes a buscar la emigración como única alternativa.
