El diputado nacional Carlos Comi solicitó que la telefonía celular e Internet sea declarada servicio público. De este modo presentó un proyecto de su autoría para que el Estado controle más exhaustivamente a las empresas prestadoras de un servicio hoy deficiente ante la saturación de las redes por la gran cantidad de aparatos en circulación. Lo propio ha hecho en más de una ocasión, y sin resultados, el senador nacional Rubén Giustiniani e incluso el Concejo rosarino.
Recibir una llamada, enviar un mensaje de texto o conectarse por Internet se ha convertido hoy en día en una odisea. Una investigación de Clarín reveló que actualmente existen 40 millones de líneas celulares en uso en la Argentina y que pese, a que el radioespectro no es suficiente para cubrirlas a todas no existen indicios por parte de las grandes telefónicas –Movistar, Personal y Claro– de invertir en antenas.
“En los últimos años, la transferencia de datos subió un 70 por ciento”, abundó Comi en A Diario (Radio 2) a la vez que criticó que no existieran, salvo la reciente ley de portabilidad numérica, una reglamentación que encuadre la prestación del servicio en beneficio de los usuarios. Tampoco encontró satisfactoria la determinación del Gobierno nacional de crear una S.A. propia –la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat)– como cuarta alternativa a las actuales operadoras.
Para el diputado, que la cartelización de las empresas se realice entre cuatro es lo mismo que lo haga entre tres como sucede hoy.
En este sentido, entendió que una posible solución al drama de las comunicaciones es que el Estado ejerza mayor control sobre las inversiones de las prestadoras y que imponga sanciones más contundes cuando el servicio falla. Señaló específicamente a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como el ente idóneo y responsable para llevar a cabo tal tarea.
