Díficil como nombrar a un policía que no tenga una mancha. Como ya ocurrió con otros jefes de la fuerza de seguridad, la provincia deberá responder por una acusación contra la comisario inspector Mónica Beatriz Viviani, quien fue designada titular de nueva “División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas”, que depende en forma directa del Ministerio de Seguridad. Está investigada por la Justicia porque habría cometido graves errores al allanar un prostíbulo de la ciudad de San Javier.

La diputada provincial Alejandra Vucasovich, presidenta del Bloque Federal, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo señale “si está en conocimiento de la causa judicial que se tramita en los Tribunales Federales de la ciudad de Reconquista, donde se investiga el allanamiento realizado en el mes de junio del año pasado en un prostíbulo de la ciudad de San Javier, en la que el fiscal federal Roberto Salum le solicita al juez Mario Aldo Alurralde que investigue el proceder de Viviani, y de otras dos empleadas de la Policía de Santa Fe en el mismo operativo”.
La legisladora también consulta que “si a partir del cuestionamiento judicial, la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad y la Dirección Provincial del Ministerio de Seguridad dispusieron la apertura de un sumario administrativo o trámite similar”.

“De ser así, remítase copia de las actuaciones”, dice la solicitud que ademas exige se “remita copia de la foja de servicios de la Comisario Inspector Mónica Beatriz Viviani, en todos sus destinos, entre ellos, el Instituto Superior de Educación Policial (Isep)”.

En los fundamentos de la comunicación al Poder Ejecutivo, Vucasovich recordó que “en el mes de junio del año pasado tuvo una fuerte repercusión el caso del allanamiento del prostíbulo “Oasis” en la localidad de Colonia Francesa, en el distrito San Javier, lo que motivó la actuación del fiscal Federal y el juez con asiento en Reconquista, dado que se investigan causas por narcotráfico y trata de personas”.

Según se publicó el 3 de julio de 2011 en el portal de noticias Notifé de la ciudad de Santa Fe bajo el título “Serio cuestionamiento a la División de Trata de Personas de la Policía santafesina” el fiscal Salum señaló que “como colorario de una actuación policial pobrísima, insuficiente o deliberadamente errónea, los efectivos de la División Especial entregaron las llaves del prostíbulo a las mujeres que se encontraban prestando servicios en el cabaret, aduciendo como razones el hecho que estas personas residían en el lugar”.

“Por desconocimiento o por negligencia las agentes de la Unidad Especial se saltearon varios lineamientos del protocolo de intervención. Esta Fiscalía entiende que la División específica de la Policía provincial debió efectuar un acompañamiento a las víctimas, organizar una salida hacia un lugar seguro, establecer la obtención de datos para la investigación y todos los demás recaudos para la preservación del testimonio de las mismas, lo que evidentemente no se ha hecho y podrá luego repercutir en la prueba de la comprobación del ilícito”, cuestionó el fiscal en el escrito presentado ante el juez Alurralde.

“Sin apresurar ningún juicio acerca de la actuación de la comisario Viviani y sus colaboradoras, nos parece cuanto menos importante que el Ministerio de Seguridad aclare en forma terminante la labor de una persona que ha sido ungida con un lugar de extrema importancia en el combate contra un delito atroz como lo es la trata de personas, dado que nada más y nada menos que un fiscal de la Justicia Federal ha echado un cono de sombras sobre un procedimiento encabezado por ella misma”, indica la legisladora Vucasovich.