Luego de que Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, hiciera públicas sus sospechas sobre las muertes de los ex represores Héctor Febres y Paul Alberto Navone, el concejal del Frente Progresista Cívico y Social y querellante en la causa de Ex fabrica Militar. Juan Rivero, presentó un proyecto en el Concejo para reclamar seguridad para los militares que son juzgados por su actividad durante la última dictadura.

"Preocupan las muertes de represores en momentos previos a su juzgamiento en la Justicia por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura militar de 1976", dijo el edil. En tanto, el concejal solicitó las medidas de seguridad pertinentes para estas personas que deben ser juzgadas.

La iniciativa surge luego de la muerte del teniente coronel Paul Alberto Navone en la localidad de la Granja, Córdoba, el pasado 25 de febrero, que se suma suma a la muerte del prefecto Héctor Febres en diciembre pasado.

Rivero es querellante en la causa de Ex Fabrica Militar. que proximamente será elevada a juicio oral para el juzgamiento de represores que actuaron en el ámbito del 2do Cuerpo de Ejercito con asiento en Rosario.
En dicho marco, Rivero expresó la necesidad de brindar las seguridades necesarias "a todos los represores que deban declarar en las causas por delito de lesa humanidad en diferentes juzgados del país", teniendo en cuenta "la importancia de la información que puedan aportar".

En este sentido, en la propuesta el concejal señala que "la muerte del teniente coronel Navone sucede horas
antes de tener que declarar en una causa por robo de bebes en Entre Ríos. Que la imputación contra Navone se desarrolla en el  marco de la causa por apropiación de bebes nacidos en el Hospital Militar de Paraná. Que la causa judicial contra Navone, fue reactualizada por el represor Eduardo Tucu Constanzo quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército.

Asimismo, el edil insta a la Justicia a realizar todas las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de dichos decesos. Además, el cuerpo deliberativo expresa la necesidad de que a todos los represores que deban declarar en las causas por delitos de lesa humanidad en diferentes juzgados del país se le brinden los mecanismos de seguridad que resguarden sus vidas teniendo en cuenta lo importante de la información que pueden aportar.