De acuerdo a lo que había anunciado en las últimas horas, el diputado nacional Pino Solanas denunció penalmente a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y a miembros del gabinete nacional por “abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos”, a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el uso de reservas del Banco Central para pagar parte de la deuda externa.
En conferencia de prensa, el diputado afirmó que el documento se firmó "fuera de toda urgencia y necesidad, sin haber llamado a una comisión extraordinaria" y explicó que "cualquier asunto concerniente a la deuda externa lo debe tratar el Congreso Nacional". Según Solanas, "la intención del Gobierno nacional de pagar deuda ilegítima y fraudulenta obedece al dictamen de los grandes bancos".
La denuncia, que recayó ante el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, expresa que el decreto presidencial “no respeta el orden jurídico constitucional al negociar y pagar una deuda que está sospechada de ser un fraude contra el Estado”.
La evidencia de estos argumentos se encuentra en la causa sentenciada por el ex juez Jorge Ballestero (13 de julio de 2000), en las dos causas que investigan el endeudamiento del país hasta el 2005, y en una tercera causa relacionada al Megacanje 2001, en la que están procesados por defraudación al Estado el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Daniel Marx y otros funcionarios.
El recurso fue firmado por el cineasta Pino Solanas y por los diputados de su bloque, entre ellos Jorge Cardelli, los porteños Julio Raffo y Jorge Selser; a los que se sumaron Cecilia Merchán y Liliana Parada.
Además de Cristina Fernández de Kirchner, también fueron denunciados el ministro de Economía, Amado Boudou, y "los responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09", entre ellos "funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación".
Al referirse al decreto que expulsó al presidente del Banco Central, Martín Redrado, el cineasta dijo que "no se trata de Redrado sí, Redrado no, sino de la ilegitimidad profunda que tiene la causa de la deuda". Y aseguró que es una “verdadera vergüenza” que el Parlamento no haya escuchado la sentencia firme del ex juez Jorge Ballestero, quien dictó que “la deuda era parcialmente una gran estafa y que debía ser investigada por el Congreso”.
"Estamos hablando de una cifra colosal, con la que se puede acabar rápidamente con la indigencia y además reconstruir las principales industrias básicas de la Argentina: los ferrocarriles para las provincias, la flota marítima y la petrolera estatal. Hablamos de cientos de miles de puestos de trabajo estable”, completó Solanas.
En conferencia de prensa, el diputado afirmó que el documento se firmó "fuera de toda urgencia y necesidad, sin haber llamado a una comisión extraordinaria" y explicó que "cualquier asunto concerniente a la deuda externa lo debe tratar el Congreso Nacional". Según Solanas, "la intención del Gobierno nacional de pagar deuda ilegítima y fraudulenta obedece al dictamen de los grandes bancos".
La denuncia, que recayó ante el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, expresa que el decreto presidencial “no respeta el orden jurídico constitucional al negociar y pagar una deuda que está sospechada de ser un fraude contra el Estado”.
La evidencia de estos argumentos se encuentra en la causa sentenciada por el ex juez Jorge Ballestero (13 de julio de 2000), en las dos causas que investigan el endeudamiento del país hasta el 2005, y en una tercera causa relacionada al Megacanje 2001, en la que están procesados por defraudación al Estado el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Daniel Marx y otros funcionarios.
El recurso fue firmado por el cineasta Pino Solanas y por los diputados de su bloque, entre ellos Jorge Cardelli, los porteños Julio Raffo y Jorge Selser; a los que se sumaron Cecilia Merchán y Liliana Parada.
Además de Cristina Fernández de Kirchner, también fueron denunciados el ministro de Economía, Amado Boudou, y "los responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09", entre ellos "funcionarios del Banco Central, legisladores que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y el Procurador General de la Nación".
Al referirse al decreto que expulsó al presidente del Banco Central, Martín Redrado, el cineasta dijo que "no se trata de Redrado sí, Redrado no, sino de la ilegitimidad profunda que tiene la causa de la deuda". Y aseguró que es una “verdadera vergüenza” que el Parlamento no haya escuchado la sentencia firme del ex juez Jorge Ballestero, quien dictó que “la deuda era parcialmente una gran estafa y que debía ser investigada por el Congreso”.
"Estamos hablando de una cifra colosal, con la que se puede acabar rápidamente con la indigencia y además reconstruir las principales industrias básicas de la Argentina: los ferrocarriles para las provincias, la flota marítima y la petrolera estatal. Hablamos de cientos de miles de puestos de trabajo estable”, completó Solanas.
