“Sin una orden judicial no vamos a desalojar”. La vicegobernadora María Eugenia Bielsa dejó en claro cuál es la postura del gobierno provincial frente a la toma de la plaza San Martín, situación que –de acuerdo a sus explicaciones– lo tiene en una encrucijada: por un lado están los reclamos de la organización de desocupados que considera absolutamente “incumplibles”, por el otro la decisión de no liberar el espacio público sin el aval del Poder Judicial.
A una semana de iniciado, el campamento de la Corriente Clasista y Combativa en la plaza San Martín continúa sin solución a la vista, aunque al menos ya sin carros y caballos ya que los cirujas llegaron a un acuerdo con la provincia y volvieron a los barrios.
En diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio 2, la vicegobernadora dio su versión de por qué no se puede llegar a un acuerdo con la CCC. “Las exigencias tienden a que no se puedan cumplir. Frente a eso hay os caminos: o los funcionarios mienten y prometen lo que no se puede cumplir, o hacemos lo que estamos haciendo”.
Entre las cosas que “no se pueden cumplir”, mencionó que la CCC no sólo pide 20 mil viviendas sociales y subsidios por 200 mil pesos, sino además que se le entreguen los fondos y los maneje la organización.
Para la vicegobernadora, esa es una estrategia de siempre del referente de la organización, Eduardo del Monte, pero aclaró que cuando hablan con la gente la postura es otra, porque entienden que “la pobreza estructural de 20 años no se puede solucionar en 20 días”.
De todos modos, aclaró que si bien la voluntad del gobierno provincial es liberar el espacio público, la decisión es “respetar la ley”, lo que implica que “sin orden judicial” no va a haber desalojo.
“Gustavo Peters –secretario de Seguridad– va todos los días a hablar con el juez. Pero el juez ordena el desalojo sólo cuando no hay camino alternativo. En el caso de calle Santa Fe, entiende que Rioja y Urquiza son caminos alternativos”, agregó.
La toma de la plaza San Martín está judicializado desde el primer día, cuando la Unidad Regional II presentó su parte preventivo.
A una semana de iniciado, el campamento de la Corriente Clasista y Combativa en la plaza San Martín continúa sin solución a la vista, aunque al menos ya sin carros y caballos ya que los cirujas llegaron a un acuerdo con la provincia y volvieron a los barrios.
En diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio 2, la vicegobernadora dio su versión de por qué no se puede llegar a un acuerdo con la CCC. “Las exigencias tienden a que no se puedan cumplir. Frente a eso hay os caminos: o los funcionarios mienten y prometen lo que no se puede cumplir, o hacemos lo que estamos haciendo”.
Entre las cosas que “no se pueden cumplir”, mencionó que la CCC no sólo pide 20 mil viviendas sociales y subsidios por 200 mil pesos, sino además que se le entreguen los fondos y los maneje la organización.
Para la vicegobernadora, esa es una estrategia de siempre del referente de la organización, Eduardo del Monte, pero aclaró que cuando hablan con la gente la postura es otra, porque entienden que “la pobreza estructural de 20 años no se puede solucionar en 20 días”.
De todos modos, aclaró que si bien la voluntad del gobierno provincial es liberar el espacio público, la decisión es “respetar la ley”, lo que implica que “sin orden judicial” no va a haber desalojo.
“Gustavo Peters –secretario de Seguridad– va todos los días a hablar con el juez. Pero el juez ordena el desalojo sólo cuando no hay camino alternativo. En el caso de calle Santa Fe, entiende que Rioja y Urquiza son caminos alternativos”, agregó.
La toma de la plaza San Martín está judicializado desde el primer día, cuando la Unidad Regional II presentó su parte preventivo.
