Luego de las críticas de legisladores opositores por el "veto propositivo" del Ejecutivo a la ley que, aprobada en noviembre pasado, crea un cuerpo especial de investigaciones bajo la órbita de la fiscalía general, llegó la respuesta oficial. Para el ministro de Justicia, Juan Lewis, lejos de desvirtuar el espíritu de la ley, las correcciones de la Casa Gris “la reforzaron”.  Los diputados provinciales, entre ellos Eduardo Toniolli, autor del proyecto, habían cuestionado la decisión del gobernador Antonio Bonfatti y lo acusaron de “desnaturalizar” la iniciativa.

“Si es que realmente se pretendía armar un órgano de asistencia técnica y apoyo al Ministerio Público de Acusación, el espíritu de la ley se reforzó. Si se pretendía un órgano autónomo con facultades autónomas, en ese caso sí, se desnaturalizó”, apuntó el ministro en diálogo con el periodista Ciro Seisas, del programa A Diario (Radio 2).

Lewis explicó que, aunque a simple vista los 40 artículos vetados parecen excesivos, en realidad, tienen que ver con cuestiones formales y de estructura.

“Se corrigió lo relacionado a la designación y remoción de los funcionarios”, precisó y señaló que los errores al respecto podrían haber estado radicados en una falta de información de los legisladores que redactaron el texto.

Puntualmente, en el desconocimiento de los mismos sobre la Constitución provincial que autoriza únicamente al gobernador a designar y remover funcionarios.

Otra equivocación –según su descargo– es la intención de los diputados de crear un nuevo órgano de capacitación cuando el Ejecutivo cuenta ya con instancias de formación idóneas. En opinión de Lewis, entonces, crear un nuevo organismo con ese objetivo sería innecesario e ineficiente.

Una de las voces críticas al socialismo fue la del diputado provincial Gerardo Rico, presidente del bloque Movimiento Evita, quien sostuvo que “la verdad que esconde este veto no es de carácter técnico, sino de carácter político”. En un comunicado de prensa, opinó: “El Poder Ejecutivo provincial sella de esta manera un pacto contrarreformista con la corporación policial, corporación poco afecta a que se le recorten prerrogativas que en muchas ocasiones terminan siendo verdaderas herramientas para la gestión del delito, en mano de quienes deberían prevenirlo y combatirlo”.

“Ya habíamos denunciado ese pacto el mes pasado, cuando en ocasión de firmar el gobernador el decreto de aumento de haberes a los trabajadores de la fuerza, introdujo un artículo (el nº 9) en el que se le concede a la cúpula policial seguir manejando los ascensos, sin cupos y sin tribunales civiles tal como lo establece la Ley 12.521 promulgada en el año 2006, disposiciones que nunca fueron aplicadas por Binner, ni por Bonfatti”, agregó.