Una pregunta simple pero con respuesta incierta: ¿cuánto y cómo gastan los legisladores de la provincia los fondos públicos? Ese es el interrogante central que plantea un pedido de informe que presentó este lunes la ONG Fundación Derecho Social (FDS) a las cámaras de Diputado y Senadores.

Según explicó el director ejecutivo de FDS, Roberto Sukerman, a De tarde en tarde, el objetivo de la iniciativa es “monitorear la actividad legislativa y tener acceso a la información pública” pero no con fines “antipolíticos o de la crítica por la crítica misma, sino todo lo contrario: tratar de acercar la política a la gente y saber en qué se gasta el dinero”.

En ese sentido, Sukerman recalcó en diálogo con Alberto Lotuf que “no está mal que los legisladores otorguen subsidios si hay un monto razonable como tope y se rinde cuentas, por eso queremos saber a ciencia cierta en qué se gasta”.

Claro que el abogado constitucionalista reconoció a “la burocracia estatal” como principal obstáculo para que el pedido de la ONG pueda tener eco. La Fundación plantea que los legisladores disponen de “30 mil pesos mensuales y si bien algunos rubros se les entregan contra comprobantes, nunca sobra nada. Siguen dispensando fondos sin ningún control serio, sin hacerlo a la luz pública. Y, lo que es peor, sin norma que les autorice a hacerlo”.

Por eso, solicita se informe con respecto a los gastos de carácter discrecional “monto mensualmente asignado”, “monto gastado mes por mes”, “sobrante del mes”, “destino de cada pago”, “beneficiario” y “tipo de comprobante rendido (ticket, factura, recibo simple)”. Todo esto respecto a los rubros “partida para subsidios”, “gastos de funcionamiento” y “gastos protocolares”.

En la presentación se advierte que “de no obtener respuesta favorable a nuestro pedido de publicidad, transcurridos los plazos legales, demandaremos a la Legislatura Provincial para que permita el acceso ciudadano a la información en este tema tan sensible”.

Este pedido llega luego de que en la sesión del jueves pasado los senadores justicialistas postergaron la aprobación de la ley de acceso a la información pública sin restricciones. Y en su lugar, dieron media sanción a otra norma (distinta a la aprobada en Diputados) que introduce algunas trabas a conocer dicha información.