Recientemente, se firmó un convenio marco a través del cual se implementará un programa de alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos, en seis unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe. La novedad es que, en cada cárcel, será capacitado un grupo de internos durante seis meses, que luego oficiarán de alfabetizadores.
El programa -suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y de Educación de la Nación- se desarrollará durante cinco años, y la cartera educativa nacional estaba enviando esta semana los útiles escolares, cuadernillos de estudio y material bibliográfico, para comenzar con la capacitación. Se recibirán además los fondos. para abonar un estímulo tipo estipendio para los alfabetizadores, de 80 pesos por mes.
“Este plan de alfabetización está pensado a partir de la mecánica de preparación y capacitación de alfabetizadores, que serán también personas privadas de libertad. Éstos enseñarán a leer y escribir a otros internos dentro del universo penitenciario”, explicó el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Leandro Corti.
“Poder desarrollar esta línea de trabajo es más que saludable para un contexto de encierro. Primero porque está inscripta en estrategias para el empleo productivo del tiempo, que es fundamental. Cualquier actividad que sea educativa -como la presente-, cultural o recreativa, es bienvenida en cualquier ámbito penitenciario, a partir de una lógica de empleo del tiempo”, destacó.
La iniciativa apunta además a garantizar un derecho tutelado jurídicamente: el acceso a la educación de personas condenadas y encarceladas. “Lo cual invita a otra mirada: más allá del estatus social que tiene el sujeto que está privado de su libertad cumpliendo condena, en primera lugar es necesario considerarlo como ciudadano. Esto implica que, aún dentro de las restricciones que supone el espacio carcelario, se trate de garantizar (a los presos) la accesibilidad a derechos fundamentales como la educación y la salud”, señaló el funcionario.
Corti admitió que la población penitenciaria es cada vez más joven, y que ingresa con un nivel de instrucción deficiente o nulo. ”Aproximadamente hay una porcentaje de un 30 % de población analfabeta en las cárceles de la provincia”, estimó. Este porcentaje se condice con las estadísticas de nivel nacional.
Fuente: El Litoral
El programa -suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y de Educación de la Nación- se desarrollará durante cinco años, y la cartera educativa nacional estaba enviando esta semana los útiles escolares, cuadernillos de estudio y material bibliográfico, para comenzar con la capacitación. Se recibirán además los fondos. para abonar un estímulo tipo estipendio para los alfabetizadores, de 80 pesos por mes.
“Este plan de alfabetización está pensado a partir de la mecánica de preparación y capacitación de alfabetizadores, que serán también personas privadas de libertad. Éstos enseñarán a leer y escribir a otros internos dentro del universo penitenciario”, explicó el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Leandro Corti.
“Poder desarrollar esta línea de trabajo es más que saludable para un contexto de encierro. Primero porque está inscripta en estrategias para el empleo productivo del tiempo, que es fundamental. Cualquier actividad que sea educativa -como la presente-, cultural o recreativa, es bienvenida en cualquier ámbito penitenciario, a partir de una lógica de empleo del tiempo”, destacó.
La iniciativa apunta además a garantizar un derecho tutelado jurídicamente: el acceso a la educación de personas condenadas y encarceladas. “Lo cual invita a otra mirada: más allá del estatus social que tiene el sujeto que está privado de su libertad cumpliendo condena, en primera lugar es necesario considerarlo como ciudadano. Esto implica que, aún dentro de las restricciones que supone el espacio carcelario, se trate de garantizar (a los presos) la accesibilidad a derechos fundamentales como la educación y la salud”, señaló el funcionario.
Corti admitió que la población penitenciaria es cada vez más joven, y que ingresa con un nivel de instrucción deficiente o nulo. ”Aproximadamente hay una porcentaje de un 30 % de población analfabeta en las cárceles de la provincia”, estimó. Este porcentaje se condice con las estadísticas de nivel nacional.
Fuente: El Litoral
