La Justicia de San Isidro dictó la prisión preventiva a los diez detenidos acusados de integrar una banda, que robaba autos en el conurbano bonaerense y Capital Federal para desguazarlos o venderlos en Rosario, y a dos subcomisarios que se sospecha que cobraron coimas para liberar a uno de los ladrones.

Fuentes judiciales informaron que el juez de Garantías de San Isidro Diego Martínez avaló toda la investigación del fiscal Patricio Ferrari y así dejó detenida a la bautizada "Banda de los rosarinos", desbaratada a principios de agosto tras 27 allanamientos en los que se secuestraron 31 vehículos robados, miles de autopartes y siete armas de fuego.

A pedido del fiscal, el juez también dictó la prisión preventiva para dos subcomisarios de Villa Adelina y el presunto testaferro de ellos, que fueron arrestados acusados de haber cobrado 20.000 pesos y la transferencia de un automotor como coima para liberar a un integrante de la banda que había caído preso en medio de la investigación.

Con esta decisión judicial, continuarán presos el sindicado jefe de la banda, Esteban Lindor Alvarado (33), al igual que sus presuntos socios, Walter Ramón Bucci (33) y Gabriel Antonio "Peto" García (40), los tres con domicilio en Rosario y quienes receptaban los autos robados en Buenos Aires para "reempapelarlos" o desguazarlos en desarmaderos de esa ciudad.

También seguirán detenidos los cinco "pasadores" que se dedicaban a trasladar los autos robados desde Buenos Aires a Rosario, identificados como Diego Alejandro Romero (36), Mario Fabián "Pepino" Díaz (44), Jorge Alberto Tome (53), Carlos Alberto "Carli" Carmona (30) y Jorge Gabriel "Gaby" Yelamos (50).

Según la acusación del fiscal Ferrari, éste último también era el especialista en desinstalar lo que en la jerga se conoce como "el bicho", los equipos de rastreo satelital de los autos.

Los últimos dos acusados de integrar la banda que seguirán presos son Néstor "Piru" Robles (41), uno de los presuntos asaltantes que robaba a mano armada los vehículos, y Alberto Derlis "Beto" Ruiz Díaz (42), quien de acuerdo a la investigación confeccionaba los "stickers" falsificados para las autopartes y los autos robados.

Estos diez detenidos quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita -Alvarado en carácter de jefe u organizador-, robo calificado, encubrimiento, estafa al seguro y sustitución de numeración registral.

En el caso de los subcomisarios de la Policía bonaerense Marcelo Gustavo Godoy (43) y Pablo Javier Sosa (38), y del supuesto testaferro del primero, Juan Pablo Farías (35), quedaron presos por los delitos de extorsión y encubrimiento agravado.

El hecho puntual es que el 10 de mayo pasado, después de que la banda había robado un auto en Carapachay, uno de los acusados, "Pepino" Díaz, fue detenido en jurisdicción de Villa Adelina y los subcomisarios lo liberaron a cambio de 20.000 pesos y la transferencia de un Citröen C3.

En el pedido de prisión preventiva de Ferrari, el fiscal planteó que estos imputados conformaban "una empresa criminal que en forma preacordada y previa división de tareas se dedicaba a la comisión de delitos indeterminados, principalmente contra la propiedad automotor".

Según el fiscal, obtenían los autos de tres maneras: robándolos a mano armada, sustrayéndolos desde la vía publica mediante el uso de ganzúas o sistemas informáticos que generan la apertura y encendido de los vehículos, o con la connivencia de sus propietarios, quienes los denunciaban falsamente como robados para defraudar a las aseguradoras y cobrar las pólizas.

Siempre según la investigación, también eran tres los posibles destinos de los rodados: los desguazaban en autopartes para el mercado negro; le suprimían la numeración de chasis y motor para hacer un auto "mellizo"; o los hacían pasar como "vehículo de repuesto" como un presunto auto volcado, chocado o siniestrado.

A la hora de pedir la prisión preventiva del presunto líder de los rosarinos, Alvarado, el fiscal argumentó peligro de fuga y riesgo procesal para la investigación.

Ferrari menciona en su escrito lo difícil que fue su detención con Gendarmería, su "gran capacidad y disponibilidad económica" y las constancias que hay en el expediente respecto a que cuenta con "amparo policial" en Rosario a través de "sobornos" con los que logró realizar su presunta actividad ilícita en su ciudad natal.

Fuente: Télam