Un santafesino que se hacía pasar por miembro del hospital Garrahan para estafar a municipios de todo el país, y que había sido detenido un mes atrás luego de la denuncia de un legislador provincial, quedó bajo prisión preventiva mientras se investigan los diferentes hechos en lo que está implicado.

El hombre, de 33 años e identificado por sus iniciales ERB, quedó preso en el marco de una causa por el delito de estafas reiteradas. La decisión fue tomada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eduardo Pocoví, quien no obstante resolvió que el imputado podría recuperar su libertad cuando constituyera una caución real de 50 mil pesos, entre otras medidas. La fiscal del MPA que investiga el caso es Milagros Parodi.

La maniobra engañosa del imputado consistía en llamar a municipios y comunas de todo el país haciéndose pasar por un directivo del conocido hospital Garrahan de Buenos Aires. Lo hacía con el fin de solicitar dinero –entre 6.500 y 14.500 pesos, de acuerdo al caso– para cubrir los gastos que implicaba el traslado de un niño oriundo de la localidad a la que llamaba, que supuestamente había fallecido en el nosocomio.

"El delito pudo corroborarse en al menos siete oportunidades. De la investigación también se desprende que hubo otros 10 casos en los que quedó en grado de tentativa", detalló Parodi. "Los llamados fueron realizados entre el 11 de noviembre de 2015 y el 6 de mayo de este año", agregó la fiscal.

El dispositivo desde el que hacían los llamados era un teléfono celular que, de acuerdo a los informes de la empresa de telefonía, estuvo ubicado en Santo Tomé; Laguna Paiva; Recreo; Barrancas; Santa Rosa de Calchines; Helvecia; Cayastá; Colastiné; y en la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Parodi precisó que "ERB decía que era el director del Garrahan y se identificaba como Antonio Alberto Latella, quien fue citado a declarar y confirmó que es médico de planta del hospital desde 1994. Más aún –añadió la fiscal–, en los registros consta que entre 2002 y 2007, Latella atendió a un familiar del detenido a raíz de un problema oncológico".

Informó también que "hubo algunos casos en los que el imputado se hizo pasar por un supuesto subdirector del hospital, cuyo nombre es Darío Barzotti. En otras oportunidades dijo que era el padre del niño fallecido, e incluso también se hizo pasar por un tal Pablo Ojeda, supuesto chofer de una ambulancia".

En todo el país

Las víctimas fueron funcionarios o empleados de las municipalidades de Perito Moreno y Caleta Olivia (Santa Cruz); Charata (Chaco); Tafí Viejo (Tucumán); La Quiaca (Jujuy); El Jardín (Salta); y la comuna de Helvecia (Santa Fe). En los siete casos, ERB consiguió que le hicieran depósitos en una cuenta bancaria pertenenciente a un hombre con domicilio en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, no logró consumar el delito con los municipios de 28 de noviembre (Santa Cruz); San Isidro de Lules (Tucumán); San Bernardo (Chaco); Caimancito (Jujuy); Perico (Jujuy); Ibarreta (Formosa); Arauco (La Rioja); Bertis (La Pampa); Villa Cañás (Santa Fe); y El Carmen (Jujuy).

Además de municipios, también apuntaba a dirigentes políticos, tal el caso del senador Guillermo Mario Cornaglia, del departamento Belgrano, cuya denuncia fue clave para detener al acusado el mes pasado.

El legislador advirtió su caso ante las autoridades judiciales de Bouquet luego de haber sufrido una presunta estafa, tras recibir un llamado que decía ser del Garrahan, donde supuestamente había fallecido un menor oriundo de Las Rosas –zona que Cornaglia representa–, y le pidieron en forma urgente una suma de dinero para poder trasladar el cuerpo, ya que sus padres eran indigentes, siempre según la llamada.

La fiscal Parodi aclaró que "la investigación comenzó en noviembre del año pasado a raíz de una denuncia que hizo ante la Policía Federal el intendente de la localidad de 28 de noviembre de la provincia de Santa Cruz". La fiscal explicó que "al comprobarse que las primeras llamadas fueron hechas desde Helvecia, el fiscal federal que estaba trabajando el tema se declaró incompetente, y la investigación quedó en manos del MPA".