La búsqueda de prófugos por el crimen de Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado a mediados de noviembre en la zona de Circunvalación y Oroño, generó aristas impensadas. La primera fue el desplazamiento de un jerárquico de Drogas de la PDI, el comisario Javier Mackhat. La segunda, la llegada, durante un allanamiento en la isla ,de una diputada de la Nación y su marido, funcionario público. Esa situación está en vías de aclararse en la Justicia rosarina, pero tomó estado público y generó suspicacias en la previa de un año electoral.

El episodio, que hasta ahora no implica ni tiene atribución de delito alguno, involucra a la diputada nacional Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino). 

Es una de las personas que desembarcó como usuaria de una casa ubicada en la zona de islas, jurisdicción de Entre Ríos, cuando un grupo táctico de Prefectura, investigadores federales y funcionarios del Organismo de Investigaciones enviados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario fueron a buscar a un hombre con captura solicitada por la Fiscalía de por la sospecha de tener una participación en el crimen de Maldonado.

Según información difundida por el periodista Hernán Funes (Telenoche, El Tres), el allanamiento fue pedido por los fiscales Matías Edery (Unidad de Crisis Institucional) y Luis Schiappa Pietra (Homicidios), y tramitado vía exhorto que envió la jueza penal Silvia Castelli a la Justicia de Entre Ríos, con competencia en el lugar. 

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No había nada ni nadie

La medida judicial se originó porque un testigo de identidad reservada señaló a los investigadores que personas vinculadas a Esteban Alvarado –también con captura por el hecho– solían frecuentar la zona años atrás y podrían ocultarse allí. Pero todos sus dichos, que son subjetivos y generan una confianza dispar, deben ser corroborados. En vías de ello autorizaron allanar dos casas.

Ambas están ubicadas en un lugar próxima a un puesto de la Policía entrerriana. Una pertenece a una escribana que manifestó haberla adquirido hace seis meses y aportó la documentación necesaria. Pero la que en el lugar el informante señaló como la que presuntamente usaba el grupo es sobre la cual tiene uso y goce la ex jueza penal. 

Sobre ese allanamiento, la Fiscalía de Rosario indicó a través de su Oficina de Prensa que "no se halló material de interés para la causa investigada. El inquilino que aportó datos de su identidad es Jorge Llonch. Manifestó alquilar el domicilio desde hace tres años sin que sea su residencia principal sino que es utilizada con fines recreativos".

Llonch, marido de la ex jueza, también ocupa un cargo público. Es uno de los directores del canal estatal provincial 5RTV. Y como la señal tiene la posición de otorgar un lugar de representación a las minorías de las cámaras de Diputados y Senadores, es quien fue propuesto por el Partido Justicialista.

Versiones que no constan

Más allá de las formalidades, todos los elementos subjetivos llevan a imaginar una escena menos romántica y más tensa. Y que la llegada de la diputada, sobre cuyas propiedades hay ciertas condiciones especiales para la Justicia por su cargo, finalmente frustró la medida. 

El procedimiento comenzó cerca de las 15, a las 15.30 llegó la embarcación (no está corroborado si alguien les avisó de la medida en curso) y media hora después concluyó. "Ningún allanamiento dura tan poco y menos con un incidente en el medio", concluyó un investigador.

En tanto, sobre el acta oficial que realizaron los presentes hay dos elementos que no quedaron plasmados formalmente pero sí en versiones que reconocen en Fiscalía y el Organismo de Investigaciones y llegó a oídos del entorno de los protagonistas: la primera si es si encontraron o no armas de fuego y la segunda si con los funcionarios desembarcó en el lugar el abogado penalista Paul Krupnik. 

Su presencia tampoco representa un delito ni mucho menos, pero sí una incomodidad si fuera cierta tamaña cercanía: fuentes del MPA confirmaron que el 3 de diciembre fue junto a Claudio Tavella a interiorizarse por un pedido de captura que libró Fiscalía sobre Alvarado. 

Entre otros hechos subjetivos hasta hace poco, Rodenas investigó a distintos clientes de Krupnik en su rol de defensor particular. Por ejemplo, al policía Pablo Espíndola, a quien le hallaron un arma usada en el atentado a la casa de Antonio Bonfatti cuando era gobernador y fue procesado por encubrimiento. 

Consultado por este medio, Krupnik prefirió remitirse al acta (que no lo menciona). Sí aclaró que "nunca" fue ni es actualmente defensor técnico de Alvarado. 

En el mismo sentido, al menos dos fuentes de Prefectura negaron su presencia en tierras entrerrianas. Inclusive, un jerárquico afirmó que "la comisión que estuvo en el lugar no manifestó en ningún momento que haya estado un abogado".

Respecto del posible hallazgo de armas, serían tres y en principio "escopetas de caza", según una descripción que hizo un funcionario. Pero al no ser secuestradas ni quedar en el acta no hay causa penal al respecto si es que la tenencia no estuviera registrada.

Esos dos elementos generan una duda en los fiscales. Puntualmente, si corresponde citar o no a testimonial a los funcionarios que fueron al lugar. Para eso, primero deberían preguntarse si es de interés o no para la investigación aclarar si fue un abogado al lugar.

En ese caso los presentes y testigos civiles deberían ratificar o rectificar las versiones, aunque eso los expone a explicar por qué no lo asentaron.

En vías de aclararse

Lo que en la Justicia rosarina buscan aclarar es a quién pertenece la casa y formalizar el uso y goce de Rodenas y su entorno, para despejar dudas respecto de la procedencia por si fue usada por un grupo acusado de uno o más delitos. El testigo ubicó el tiempo el año 2012.

En ese sentido, la apoderada de la dueña del lugar presentó días atrás documentación que avala que hay un alquiler al menos de palabra por una relación de confianza. También ratificó intenciones de un traspaso hasta ahora impedido por una sucesión en trámite en la Justicia entrerriana, algo corroborado por investigadores rosarinos.  

Mientras tanto, ni Rodenas ni Llonch están imputados ni sospechados de ningún delito. Fuentes del MPA aclararon además que "no hay un sólo indicio concreto que vincule a la diputada con los prófugos".

Por ahora, en el espacio político que integran los involucrados resolvieron no hacer declaraciones públicas.