El sobreseimiento de Cristina y Néstor Kirchner en la causa que los investigaba por enriquecimiento ilícito quedó firme y ya no podrá ser revisado.

A las 9.30 de ayer venció el plazo para que los fiscales apelaran el fallo del juez federal Norberto Oyarbide, que había considerado legal el incremento patrimonial, de 28 millones de pesos, que el matrimonio presidencial declaró como obtenido durante 2008. Su sentencia tuvo un único fundamento: un breve peritaje realizado por el cuestionado Cuerpo de Peritos de la Corte. Ninguno la objetó.

El abultado incremento patrimonial del matrimonio presidencial durante 2008 está a un paso de dejar de ser objeto de investigación. El fiscal federal Eduardo Taiano decidió no apelar la decisión del juez Norberto Oyarbide de sobreseer a Cristina y a Néstor Kirchner. Y mañana vence el plazo para el de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, quien ya dejó sentado que tampoco lo hará. Así, la causa sería cerrada.

Taiano tenía plazo hasta esta mañana para presentar una apelación ante la Cámara Federal. Y Noailles tendrá dos horas mañana, pero fuentes judiciales anunciaron que no lo hará. La inacción de ambos funcionarios del Estado dejaría firme la resolución absolutoria de Oyarbide y la causa sería cerrada.

Durante 2008, los bienes del matrimonio presidencial crecieron un 158% respecto del período anterior, el mayor crecimiento desde que llegaron en 2003 a la Casa Rosada. Son 44 millones de pesos, entre propiedades, ventas varias, depósitos bancarios y acciones en sociedades comerciales.

El juez Oyarbide decidió sobreseerlos el lunes pasado sin más investigación que una pericia realizada por dos profesionales del cuestionado Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elaboraron su informe junto con el contador del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares.

El único que presentó un recurso para que la Cámara investigue es el denunciante Enrique Piragini, pero se duda del alcance que tendría ese pedido. El abogado realizó la presentación bajo la figura del "presunto querellante", que permite que un damnificado intervenga en una causa. Piragini le pidió a Oyarbide que lo reconozca como querellante, pero el juez se negó. Entonces, el abogado presentó una apelación contra esta denegatoria y Oyarbide le habilitó el camino para que la Cámara lo decidiera.

Si los camaristas rechazan el pedido del abogado para ser querellante, como sucede en la mayoría de estos casos, la apelación no tendrá efecto.