El gobierno de la provincia envió a la Legislatura un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las agencias de seguridad privadas que funcionan en el territorio santafesino. La iniciativa pretende poner condiciones más estrictas para la habilitación de empresas que ofrecen servicios de vigilancia y controlar la actividad que se rige con una normativa de 1991, cuando la cantidad de agencias era mucho menor.
La iniciativa enviada por el oficialismo no es la primera en desembarcar en la Legislatura santafesina. En marzo de este año, la diputada Alicia Gutierrez había presentado un proyecto similar aunque con algunos detalles diferentes. En su oportunidad, la legisladora fundamentó la necesidad de regular las agencias en el aumento de la actividad y en el desempeño en el rubro de miembros de la policía o represores acusados por delitos de lesa humanidad.
El proyecto del socialismo girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara define a las agencias de seguridad privadas como subordinadas al Estado en políticas de seguridad pública.
El director provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Seguridad e Informes Particulares, Néstor Condal, explicó a Rosario3.com que “el Estado no delega funciones de seguridad a privados, sino que regula una actividad que se ha instalado y ha aumentado notablemente en los últimos tiempos”.
El funcionario explicó que es necesario modificar la legislación porque el rubro está actualmente regulado por una resolución del año 1991 que no tiene jerarquía de ley y está desactualizada.
La iniciativa establece un sistema más riguroso para obtener la instalación de las agencias. Condal explicó que en la nueva ley se prevé que la habilitación de los servicios de seguridad privados estén tarifados. Actualmente, la habilitación de una agencia es “casi gratuita”.
El proyecto establece la obligatoriedad de constituir un fondo de garantía como paso previo para obtener la habilitación.
Además, se incorpora un artículo referido a los derechos humanos para evitar que represores acusados de delitos de lesa humanidad puedan trabajar en las agencias o tener una.
La iniciativa impide que agentes de las fuerza policial o de la administración pública se incorporen a las agencias y que los policías retirados sólo podrán hacerlo cuando hayan pasado más de 3 años de su salida de la fuerza.
