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Río revuelto para el barco Ciudad de Rosario

Peligra la continuidad de los paseos naúticos. La propietaria de la tradicional embarcación planteó que no tienen lugar para amarrar en la costa local y encima, subieron los costos de mantenimiento

 

 

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La continuidad de los paseos ribereños del barco Ciudad de Rosario está en peligro. Es que, según planteó la dueña de la embarcación, no tienen lugar en la costa local para amarrar y los costos de mantenimiento ascendieron. En este contexto, presentaron su situación en el Concejo en búsqueda de soluciones.

Así lo expuso, en diálogo con Radiópolis (Radio 2), el concejal radical Martín Rosúa quien este martes se reunió con Haydée Oficialdegui, la titular del barco. El edil explicó que la dueña de la embarcación volvió a plantear que no cuentan con un espacio para amarrar y por ello deben hacerlo en las islas. “Pidieron poder hacerlo entre la Estación Fluvial y la guardería Centro”, señaló el edil, quien recordó que por 29 años usaron esa zona hasta que se concesionó la Fluvial.

“Lo que nosotros estamos viendo es si ese lugar es jurisdicción de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, del Enapro o de la Municipalidad. En caso de pertenecer al municipio nosotros comenzaríamos a actuar para que pueda volver a usarlo”, indicó.

Pero este no es único inconveniente. La necesidad de amarrar en las islas vuelve más caro el mantenimiento del barco, además de que los costos laborales se incrementaron también.

Ante este panorama, no se descarta ponerle fin a los paseos por el Paraná. Es por eso que los concejales avanzarían, en caso de que le corresponda amarrar en jurisdicción local, en un proyecto presentado por el concejal Miguel Zamarini que solicita que se le otorgue un permiso de uso precario para el derecho de fondeo del barco Ciudad de Rosario en el sector conocido como ex dársena de cabotaje, ubicado sobre el espejo de agua al sur/sudeste de la estación Fluvial de Rosario y frente a la guardería Centro.

Según publicó el diario El Ciudadano, en sus artículos 2 y 3, el mencionado decreto solicita que el permiso tenga un plazo de 10 años, prorrogable por el Concejo por otros 10 años. Además, compromete a la propietaria de la embarcación a hacer los arreglos correspondientes en el sector de amarras.

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