El 50 por ciento de lo que exigen, pagadero en diez años a partir de ahora, a cambio de que levanten el reclamo judicial. Esa es la oferta que hizo este martes el gobierno provincial a los damnificados por la inundación de 2003 en Santa Fe que mantienen litigios contra el Estado por las pérdidas económicas sufridas. Los que acepten, renunciarán a cualquier otro pedido en ese sentido.

Al margen de las 25 muertes oficiales que dejó el desborde del río Salado –serían unos cuantos más los que fallecieron por efectos colaterales–, en total son 5.000 las demandas civiles iniciadas por vecinos que padecieron daños materiales y que aún esperan una indemnización en ese sentido.

Ahora, la administración de Hermes Binner propone llegar a un arreglo extrajudicial y hacerse cargo de esas pérdidas, para evitar que avancen los juicios y también que la gente afectada siga esperando.

En caso de que la iniciativa tenga consenso, la provincia constituirá una comisión de expertos nacionales e internacionales, que se encargarán de determinar caso por caso cuál sería el importe a pagar.

“Queremos abrir un espacio de negociación con los diferentes actores para llegar a un preacuerdo, en función del cual la provincia pagaría el 50 por ciento de la responsabilidad que le corresponda, según determine una comisión de expertos, y abonarlo en diez años con intereses”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Superti.

En diálogo con la periodista de Radio 2 Ivana Fux, el funcionario explicó que “el Ejecutivo quiere aportar a la verdad de lo que pasó, pero por otra parte debe defender los intereses de la provincia”.

Si bien el propio Binner habló de una cifra “abultada”, todavía nadie precisó el monto que podría costarle al Estado cubrir todo el acuerdo.