El nuevo Código Procesal Penal, que incluye entre otros importantes cambios la implementación del juicio oral en Santa Fe, fue aprobado por los senadores oficialistas en la sesión de este jueves a la tarde. Para la oposición, que se abstuvo por la falta de debate, “fue una sesión maratónica y poco seria”.

Según señaló la representante del departamento Rosario, la socialista Patricia Sandoz, la ley se “aprobó a libro cerrado” en una sesión que “no fue seria, lamentablemente estuvo un poco afectado por el clima que se vive, estamos a 15 días de la elección”, dijo al móvil de Radio 2 en Santa Fe de Ivana Fux.

“Esperaron 24 años para tratar esta reforma, que es el tiempo que llevan como gobierno, entonces por qué tener que hacerlo de la forma en que lo hicieron, a libro cerrado y en una sesión maratónica”, protestó Sandoz.

“No hubo discusión de los puntos, se aprobaron los titulares solamente”, señaló la senadora por Rosario.  A pesar de que los legisladores radicales y socialistas se abstuvieron por la falta de debate en las comisiones, como el justicialismo tiene la amplia mayoría del cuerpo (15 sobre 19) la iniciativa fue aprobada sin mayores cambios.

La “celeridad” de los legisladores para tratar nada menos que un cambio radical en el sistema judicial contrasta por ejemplo con el faltazo que realizaron la semana pasada cuando se iba a abordar este tema. De hecho, el titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos de ese cuerpo ya le había puesto una fecha de aprobación a la iniciativa, que ahora se cumplió al pie de la letra.

Lo cierto es que la Cámara baja convirtió en ley la iniciativa que ya había recibido media sanción el jueves 21 de junio que pasó. Entre otros cambios, se plantea que el fiscal sea instructor de las causas, tarea que hasta ahora estaba reservada al juez de Instrucción. De esta manera, la figura del juez de Instrucción desaparecerá ya que los jueces cumplirán estrictamente su labor: juzgar.

Pero también se plantea la ampliación de los derechos de la víctima y la introducción de una nueva figura del "querellante". Estos cambios en el sistema costarían unos 130 millones de pesos.