Cada vez son más los usuarios y consumidores que se toman el trabajo de denunciar a las empresas y comercios que no respetan sus derechos. Alentados por la difusión que los medios de comunicación realizan, sobre las ONG que los amparan, tanto los clientes estafados como los compradores que pagan por un producto que luego no pueden usar como corresponde, concurren voluntariamente a los organismos oficiales y no oficiales en busca de ayuda.
Pero hay aspecto dato que también incide en la actitud de los consumidores: las cifras extraoficiales dan cuenta de la resolución favorable a sus intereses que han conseguido otros usuarios en condiciones similares. Y el dato resulta optimista porque estimula la confianza de los consumidores en las instituciones destinadas a defender sus derechos.
Aunque a nivel provincial, la gestión de Hermes Binner aún no ha designado un funcionario que se encargue del área (sólo perdura de la gestión anterior, el contador Andrés Vega que ocupa el cargo de carrera como director general de Comercio Interior de Santa Fe), y a pesar de que sólo existen 3 inspectores para controlar los 7 departamentos del sur provincial, con un sólo vehículo disponible, los resultados parciales son bastante satisfactorios.
Es que tanto los organismos oficiales como las ONG coinciden en que la mayor parte de los reclamos (entre 70 y 80 por ciento) se resuelven en forma favorable para quienes reclaman. “En este resultado tiene gran influencia la presencia de los organismos no gubernamentales que acompañan y orientan los reclamos de los usuarios –explica Cristian Galindo, responsable de la Red Argentina de Consumidores, a Rosario3.com–. Según su evaluación, esos organismos han mediado en muchas oportunidades como conciliadores para que proveedores y consumidores lleguen a un acuerdo, y han aclarado aspectos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que ambas partes desconocían.
“Yo no conozco estadísticas oficiales sobre los resultados obtenidos por la secretaría de Comercio Interior, que es quien tiene jurisdicción para resolver en estas cuestiones, pero sí puedo afirmar que muchos conflictos suscitados entre pequeñas y medianas empresas y sus clientes, han tenido un buen final para estos últimos, gracias a la presión de las ONG”.
Desde la Oficina Municipal de defensa del Consumidor, en tanto, exhiben un panorama igual de positivo, apoyado por las estadísticas de la última gestión de Analía Carrió. “En cuanto a los reclamos relacionados con conexiones a Internet y telefonía celular, ya desarrollamos una gimnasia” –asegura el actual funcionario de la Oficina, Néstor Trigueros– y dice que en ese rubro la resolución positiva en favor de los usuarios ronda el 80 por ciento, al igual que en relación con las quejas por diferentes desperfectos o problemas con las garantías de los artefactos electrodomésticos.
“Lo más difícil de satisfacer, admite Trigueros, son los reclamos menores de los consumidores, como las quejas por prendas de vestir que se deforman o destiñen luego del lavado, ya que es dificultosa la prueba que permita fundar la denuncia”, pero insta a la ciudadanía a dirigirse a la Oficina ante cualquier duda sobre un producto adquirido o un servicio contratado.
También insiste Galindo en ese punto, y aclara:"es importante que no sólo los usuarios se informen sobre sus derechos, sino también las empresas acerca de sus obligaciones comerciales, porque son mucho más amplias, de acuerdo a la Ley 24.240 que lo que ellos imaginan”, y pone por ejemplo las sanciones y multas que por ley pueden aplicarse a toda cadena de distribución y comercialización de un producto, que no responda al reclamo de un cliente. “La gente le reclama al vendedor porque es la cabeza visible del problema, cuando un artefacto no funciona o una garantía no cubre el arreglo como debiera, pero la responsabilidad se extiende a toda la cadena –enumera Galindo–: el rapartidor, el fabricante, el importador, etc., de manera que hay mucho por reclamar y las multas para los responsables son bastante elevadas. Un reclamo justo y correcto por deficiencias en telefonía celular, por ejemplo, puede tener una sanción máxima de 10 mil pesos y es bueno que ambas partes: empresas y usuarios, lo sepan”.
Pero hay aspecto dato que también incide en la actitud de los consumidores: las cifras extraoficiales dan cuenta de la resolución favorable a sus intereses que han conseguido otros usuarios en condiciones similares. Y el dato resulta optimista porque estimula la confianza de los consumidores en las instituciones destinadas a defender sus derechos.
Aunque a nivel provincial, la gestión de Hermes Binner aún no ha designado un funcionario que se encargue del área (sólo perdura de la gestión anterior, el contador Andrés Vega que ocupa el cargo de carrera como director general de Comercio Interior de Santa Fe), y a pesar de que sólo existen 3 inspectores para controlar los 7 departamentos del sur provincial, con un sólo vehículo disponible, los resultados parciales son bastante satisfactorios.
Es que tanto los organismos oficiales como las ONG coinciden en que la mayor parte de los reclamos (entre 70 y 80 por ciento) se resuelven en forma favorable para quienes reclaman. “En este resultado tiene gran influencia la presencia de los organismos no gubernamentales que acompañan y orientan los reclamos de los usuarios –explica Cristian Galindo, responsable de la Red Argentina de Consumidores, a Rosario3.com–. Según su evaluación, esos organismos han mediado en muchas oportunidades como conciliadores para que proveedores y consumidores lleguen a un acuerdo, y han aclarado aspectos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que ambas partes desconocían.
“Yo no conozco estadísticas oficiales sobre los resultados obtenidos por la secretaría de Comercio Interior, que es quien tiene jurisdicción para resolver en estas cuestiones, pero sí puedo afirmar que muchos conflictos suscitados entre pequeñas y medianas empresas y sus clientes, han tenido un buen final para estos últimos, gracias a la presión de las ONG”.
Desde la Oficina Municipal de defensa del Consumidor, en tanto, exhiben un panorama igual de positivo, apoyado por las estadísticas de la última gestión de Analía Carrió. “En cuanto a los reclamos relacionados con conexiones a Internet y telefonía celular, ya desarrollamos una gimnasia” –asegura el actual funcionario de la Oficina, Néstor Trigueros– y dice que en ese rubro la resolución positiva en favor de los usuarios ronda el 80 por ciento, al igual que en relación con las quejas por diferentes desperfectos o problemas con las garantías de los artefactos electrodomésticos.
“Lo más difícil de satisfacer, admite Trigueros, son los reclamos menores de los consumidores, como las quejas por prendas de vestir que se deforman o destiñen luego del lavado, ya que es dificultosa la prueba que permita fundar la denuncia”, pero insta a la ciudadanía a dirigirse a la Oficina ante cualquier duda sobre un producto adquirido o un servicio contratado.
También insiste Galindo en ese punto, y aclara:"es importante que no sólo los usuarios se informen sobre sus derechos, sino también las empresas acerca de sus obligaciones comerciales, porque son mucho más amplias, de acuerdo a la Ley 24.240 que lo que ellos imaginan”, y pone por ejemplo las sanciones y multas que por ley pueden aplicarse a toda cadena de distribución y comercialización de un producto, que no responda al reclamo de un cliente. “La gente le reclama al vendedor porque es la cabeza visible del problema, cuando un artefacto no funciona o una garantía no cubre el arreglo como debiera, pero la responsabilidad se extiende a toda la cadena –enumera Galindo–: el rapartidor, el fabricante, el importador, etc., de manera que hay mucho por reclamar y las multas para los responsables son bastante elevadas. Un reclamo justo y correcto por deficiencias en telefonía celular, por ejemplo, puede tener una sanción máxima de 10 mil pesos y es bueno que ambas partes: empresas y usuarios, lo sepan”.
