Los integrantes de la Kasa Pirata permanecían este miércoles en carpas, frente a la casa tomada de calle Ovidio Lagos al 1200, como forma de resistir el desalojo ordenado por la Justicia. El abogado de los artistas, Norberto Olivares, recusó al juez de la causa por “parcialidad” y consideró que no existe un delito de usurpación de parte de los jóvenes ocupas.

Los jóvenes mantenían un campamento en el lugar por lo cual, el tránsito en el lugar estaba interrumpido. La medida fue puesta en marcha ayer, luego de que el lunes, la policía intentara desalojarlos de la vivienda, previa disposición judicial.

El letrado que representa a los artistas informó, en contacto con A Diario (Radio 2) que ayer recusó al juez Héctor Núñez Cartele quien decidió el lunes el desalojo de la propiedad ubicada en Ovidio Lagos 1237. “Su actitud es parcial. En agosto no le tomó declaración indagatoria a los imputados, un derecho de defensa esencial, lo primero que hace un juez. Además, el fiscal no tenía noticia de la denuncia ni de la orden de allanamiento ni del desalojo”, precisó.

“Hay una tendencia a beneficiar a una de las partes”, consideró y remarcó: “Pedimos que el juez se aparte del caso”. Otro punto que provocó la presentación judicial que Olivares ejecutó este martes en los Tribunales tiene que ver con la configuración del delito de usurpación: “No hay tal delito”, aseguró el abogado. “El artículo 181 del Código Penal determina que hay delito de usurpación si se demuestra posesión y si alguien se ve despojado por violencia, clandestinidad o abuso de confianza”, precisó.

Según Olivares “no hubo violencia de parte de los chicos, hay una ocupación sin vicios de violencia y de ninguna manera se lo puede calificar de delito. Para que le quepa la adjetivación delictual tuvo que haber violencia”, subrayó. En ese sentido, agregó: “Tampoco existe la tenencia efectiva del inmueble de parte de la mujer que asegura ser la propietaria”.

Consultado acerca de la posibilidad de que haya existido una violación de la cerradura de la casa, tal cual apuntó el abogado de la otra parte, respondió: “En el expediente no hay acreditada ninguna prueba que incrimine a los ocupantes. Hay testigos que dicen que la casa estaba abandonada y que los chicos la limpiaron. No hay en cambio, testimonios que señalen que hubo violencia en el ingreso”, dijo.

Olivares insistió con la figura de ocupación y planteó: “Se tendría que discutir en el ámbito civil y no con un operativo policial. Los vecinos estaban preocupados y con miedo por eso. Siempre planteamos salir de la esfera penal, lo que no quiere decir que haya que negarle el derecho al propietario sino que hay que discutirlo en el fuero civil”.

“El Derecho argentino contempla la ocupación pacífica de un inmueble y determina que eso genera derechos”, recordó. A continuación, no descartó que exista de parte del apoderado de la supuesta propietaria de la casa un interés inmobiliario: “Es integrante de una sociedad comercial que se dedica a la construcción, integra una SRL de construcciones ferroviarias y civiles, está en el ramo y puede tener una proyección de negocio inmobiliario”, señaló.