La mejor defensa es un buen ataque. Esa, al menos, parece ser la premisa del gobierno nacional, que ante el escándalo por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, busca darle nuevo impulso al proyecto de ley de financiamiento político en el que trabaja desde hace tiempo.
“Hace un año trabajamos en una nueva ley de financiamiento”, dijo el secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, en diálogo con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2.
El funcionario explicó que la ley modificada en 2009 tiene “lagunas” y sostuvo que la principal reforma a la que se apunta es “la bancarización total de aportes y gastos para tener un control fehaciente de quiénes son los aportantes”.
“Hoy está habilitado el aporte en efectivo y eso ha sido problema en todas las campañas”, señaló. Y agregó que el Poder Judicial y los organismos que trabajan en la problemática aconsejan ir hacia la bancarización total.
Otra cuestión es que el nuevo proyecto permite que las empresas colaboren económicamente con las campañas. “Lo que ocurre hoy es que las personas jurídicas no pueden ser aportantes. Pero las empresas siguen aportando, la única diferencia es que lo hacen en negro”, explicó.
Dijo que buena parte del financiamiento de las campañas proviene de ahí, y que las mismas “suelen costar mucho más que lo que los partidos políticos declaran”.
“El propósito de este este proyecto es que todo esté en blanco, bancarizado”, insistió.
La otra pata importante sobre la que se trabaja es el control. En ese sentido mencionó que hoy hay ocho auditores contables y que la idea es elevarlos a 24, para además achicar los plazos de revisión de las cuentas de campaña.
