El fiscal en lo criminal porteño Juan Manuel Sansone consideró este jueves que concluyó la etapa de pruebas en la causa por el incendio de la discoteca República de Cromañón y que deben ser sometidos a juicio 15 imputados, entre ellos Omar Chabán.

Cuando sólo falta un mes para que se cumplan dos años de la tragedia en el barrio porteño de Once, que provocó 194 muertes y centenares de heridos, el fiscal formuló su acusación e incluyó en ella a los músicos del grupo Callejeros, a tres ex funcionarios del gobierno porteño y a dos policías federales.

Sansone atribuyó a Chabán, el único detenido en la causa, a su colaborador Raúl Villarreal y a los músicos el delito de "estrago doloso seguido de muerte", figura para la que el Código Penal prevé prisión de cumplimiento efectivo.

La ex subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin; el ex director de Fiscalización y Control Gustavo Torres y su adjunta Ana María Fernández fueron imputados por incumplimiento de sus deberes y el comisario Miguel Belay y el subcomisario Carlos Díaz por el presunto delito de cohecho.

El dictamen acusatorio presentado ante la jueza de instrucción María Angélica Crotto está dividido en tres partes: el análisis de las responsabilidades de Chabán, Villarreal y los músicos; las de los funcionarios locales y el presunto pago de coimas a los policías, para que omitieran controles relacionados con el local.

Para el fiscal, Chabán y los músicos -a quienes señaló como coorganizadores del recital que se iba a realizar la noche del 30 de diciembre de 2004- sabían que los seguidores del grupo utilizaban pirotecnia.

Sansone indicó que el incendio del local se produjo debido al lanzamiento de una bengala o candela y Chabán y el grupo Callejeros sabían que al recital concurría mucha gente y el peligro que eso entrañaba.

El fiscal consideró que "no es preciso saber que la mediasombra y algunos de los paneles eran combustibles" sino que el lugar se llenaría de asistentes, algunos de ellos dispuestos a divertirse "con los mismos métodos que la banda hasta ese momento había, si no alentado, al menos tolerado: el uso de pirotecnia".

Sansone remarcó que Chabán, quien tenía conocimiento de incendios anteriores, "continuó celebrando acuerdos y permitiendo que tocaran en el lugar bandas cuyos seguidores ya habían demostrado tener la costumbre de encender pirotecnia en espacios cerrados".

Sobre la puerta de escape que estuvo cerrada la noche de la tragedia, el fiscal mencionó un informe de los bomberos según el cual si la misma hubiera estado abierta, se habrían registrado menos muertos.

Chabán y Villarreal, de acuerdo al dictamen, “entregaban dinero para continuar con la actividad del local en esas deficitarias condiciones, sobre las cuales tenían pleno conocimiento y que, también sabían, era obligación de los policías, detectar y poner fin”.