Luego de idas y vueltas, discusiones y puntos de vista desencontrados, la norma que regula la tenencia responsable de perros podría aprobarse este jueves en el recinto del Concejo. Es que, según explicó su impulsor, el concejal socialista Aldo Gómez, el diálogo dio sus frutos y ediles, proteccionistas y adiestradores se pusieron de acuerdo en un proyecto que, básicamente, plantea la registración de todos los perros de la ciudad, el uso del bozal sólo para los animales que han mordido y el de correa obligatorio para algunas razas.

En contacto con Radio 2, el edil señaló que “tras varios meses de charlas hemos arribado a una buena reforma que hemos planteado desde hace un tiempo”. En primer lugar, destacó, la normativa plantea la creación de un Registro único de mascotas (RUM) que se llevará a cabo con “la aplicación de un microchip, un elemento electrónico que se coloca al animal para su identificación que leerá una máquina ubicada en el Imusa”.

En principio, este registro sólo estaba previsto para animales considerados de razas peligrosas pero, precisó, “la realidad nos dice que es necesario extenderlo a todos los perros. Se plantea la necesidad de ejercer una tenencia responsable de las mascotas y parte de ella es identificar al dueño con su animal”.

Así, según el proyecto, será obligatorio y a cargo del propietario o tenedor la registración de los restantes canes. Los criaderos deberán colocar el dispositivo en el momento de la venta mediante profesional habilitado.

Gómez destacó que los propietarios tendrán unos seis meses para inscribir a su mascota. “Se estima que será un proceso paulatino que el Imusa irá implementando. Es por eso que no está previsto un plazo máximo teniendo en cuenta también que hay gran cantidad de animales en la ciudad”.

Perros peligrosos bajo declaración jurada

Una de las cuestiones que trajo polémica fue la de la clasificación de perros peligrosos. En agosto, el proyecto pareció naufragar cuando proteccionistas y ediles opositores, incluso profesionales de la salud animal, cuestionaron esta idea. Tras varios encuentros, se decidió que aquellas personas que adquieran perros de razas consideradas peligrosas “asuman la responsabilidad firmando una responsabilidad jurada en donde se compromete a garantizar la seguridad de sus vecinos, por ejemplo, poniendo rejas en su hogar. También tiene que hacerse cargo de que el perro no ataque a los propios miembros de la familia”. Con este documento, se le entregará un instructivo sobre crianza de estas razas.

En la declaración jurada constará si se ha realizado adiestramiento, constancias expedidas por médicos veterinarios que en su caso informen sobre la conducta, antecedentes de ataques a otros animales, familiares o terceros, declaración de conocer y aceptar las medidas de prevención previstas en esta ordenanza y restante legislación.

Una Tarjeta Identificatoria se entregará al propietario, con sus datos y los de su can la que deberá portar siempre que el animal esté en la vía pública y para ser presentada siempre que la autoridad lo requiera.

En boca cerrada...

En tanto, el bozal también fue un elemento que despertó rechazo por considerarlo dañino a la salud psicológica de los canes. En este sentido, Gómez sostuvo: “Hemos buscado una fórmula que acepten todos y decidimos que el bozal sólo sea una recomendación para cuando tenga que transitar la vía pública. En cambio es una obligación en caso de que el perro ya tenga antecedentes de haber mordido”.

La correa corta, por su parte, será obligatoria en las siguientes razas de animales: Pit Bull Terrier, Stafforshire Bull Terrier, American Stafforshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño; Rosa Inu, Akita Inu.

La iniciativa también propone un Registro de Criadores para que, obligatoriamente se inscriban en el Imusa todos aquellos que en forma habitual estimulen la reproducción, venta y comercialización de canes.

Finalmente, el concejal destacó que en el cumplimiento de estas posposiciones se pone en juego “la responsabilidad de las personas” y consideró que el registro “es una buena oportunidad para exigirle a la gente que asuma la tenencia del perro al momento de comprarlo y en el momento de inscribirlo y firmar la declaración jurada.

Las infracciones leves serán sancionadas con multas que van desde $150 a $ 450; las graves desde $ 451 hasta $ 800 y las gravísimas desde $ 801 a $ 1500.

Por otra parte, “el incumplimiento de la obligación de registración por parte de los criadores y/o comercializadores de los mismos en el Registro que al efecto lleve el Imusa, será pasible de multa de $ 150 a $3.000 y clausura del local”