Los responsables de Taringa! deberán enfrentar el juicio oral y público por la supuesta descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, tras ser rechazado un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los acusados serán juzgados en base al artículo 72 de la ley de Propiedad Intelectual, que prevé penas de un mes a seis años de cárcel.

Por su parte, desde la plataforma consideraron que el rechazo "no aporta novedades sustanciales" y que "siguen colaborando con la Justicia".

El máximo tribunal del país dejó firme con la medida la elevación a juicio oral de la causa por presunta "violación a la ley de propiedad intelectual por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización", informaron fuentes judiciales a Télam.

Al banquillo de los acusados llegarán los tres procesados como responsables de Taringa!: los hermanos Matías y Hernán Botbol, y Alberto Nakayama, a quienes investigó y envió a juicio el juez de instrucción de primera instancia Eduardo Daffis Niklisson.

La autoridad judicial rechazó un planteo de Nakayama contra el envío a juicio de la causa por entender que "no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal".

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, los responsables la web explicaron a la citada agencia que el rechazo de la Corte "es el transcurso natural del proceso".

"La decisión en cuestión resuelve un recurso que había sido presentado hace aproximadamente un año y simplemente establece que no es este el momento procesal en que deba acudirse al máximo Tribunal dado que no existe ninguna sentencia definitiva que establezca que los responsables de Taringa! hubieren cometido delito alguno", señalaron en un comunicado.

Allí remarcaron que "tal como se manifestara oportunamente, es intención de las autoridades de Taringa! que esta cuestión se defina judicialmente lo antes posible".

"Por tal motivo, ya han comparecido ante el Tribunal Oral competente ofreciendo una gran cantidad de pruebas, hasta ahora no valoradas, que habrán de demostrar que el accionar de la empresa, así como también de las políticas comerciales establecidas para con sus usuarios, resulta acorde con la ley y con las pautas internacionales establecidas", continúa el escrito.