El primer integrante argentino desde que fue creada hace 48 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) asumirá formalmente hoy en San José de Costa Rica, en coincidencia con la inauguración del 74 período ordinario de sesiones del tribunal.
Se trata del jurista argentino Leonardo Franco, que hasta el momento de ser elegido para esa función por el período 2007-2012, se desempeñaba como subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería.
La votación en la que resultó favorecido se realizó el pasado 7 de junio en el marco de la XXXVI Asamblea General de la OEA, que sesionó en Santo Domingo, donde logró 22 de los 24 votos.
Compuesta por siete miembros, la CIDH está presidida por Sergio García Ramírez (México) e integrada, además de Franco, por los siguientes jueces: Cecilia Medina Quiroga (Chile), Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Diego García Sayán (Perú), Margaretta May Macaulay (Jamaica) y Rhadys Iris Abreu Blondet (República Dominicana).
En este primer período ordinario de sesiones en que le tocará participar, se tratará, entre otros casos, una demanda presentada por la Cidh contra el Estado argentino por presuntos actos de tortura cometidos en 1988 contra Juan Francisco Bueno Alves mientras se encontraba bajo custodia policial.
Los otros casos a tratarse en este período son: Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, García Prieto Giralt vs. El Salvador, Pueblo Indígena Kankuano y "Masacre de La Rochela" vs. Colombia.
Franco, que se recibió de abogado en 1965, debió irse al exilio en 1976 con la llegada de la dictadura militar.
Es un activo militante de derechos humanos y llegó a ser en 1980 Director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), gestión en la que intervino en la crisis centroamericana.
Posterioremente, fue director de Protección Internacional del Acnur de 1992 a 1994, cargo desde el que intervino en la crisis surgida por el conflicto armado en Yugoslavia.
Franco es docente universitario y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y en 2004 integró el comité de expertos creado con motivo del 20 aniversariode la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.
Creada en 1959, la Cidh tiene por objetivo promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia para 21 Estados donde habitan 500 millones de personas.
Entre sus principales funciones se encuentra la de formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales.
El organismo está integrado por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, con un mandato de seis años y posibilidad de reelección por un período adicional.
Se trata del jurista argentino Leonardo Franco, que hasta el momento de ser elegido para esa función por el período 2007-2012, se desempeñaba como subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería.
La votación en la que resultó favorecido se realizó el pasado 7 de junio en el marco de la XXXVI Asamblea General de la OEA, que sesionó en Santo Domingo, donde logró 22 de los 24 votos.
Compuesta por siete miembros, la CIDH está presidida por Sergio García Ramírez (México) e integrada, además de Franco, por los siguientes jueces: Cecilia Medina Quiroga (Chile), Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Diego García Sayán (Perú), Margaretta May Macaulay (Jamaica) y Rhadys Iris Abreu Blondet (República Dominicana).
En este primer período ordinario de sesiones en que le tocará participar, se tratará, entre otros casos, una demanda presentada por la Cidh contra el Estado argentino por presuntos actos de tortura cometidos en 1988 contra Juan Francisco Bueno Alves mientras se encontraba bajo custodia policial.
Los otros casos a tratarse en este período son: Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, García Prieto Giralt vs. El Salvador, Pueblo Indígena Kankuano y "Masacre de La Rochela" vs. Colombia.
Franco, que se recibió de abogado en 1965, debió irse al exilio en 1976 con la llegada de la dictadura militar.
Es un activo militante de derechos humanos y llegó a ser en 1980 Director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), gestión en la que intervino en la crisis centroamericana.
Posterioremente, fue director de Protección Internacional del Acnur de 1992 a 1994, cargo desde el que intervino en la crisis surgida por el conflicto armado en Yugoslavia.
Franco es docente universitario y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y en 2004 integró el comité de expertos creado con motivo del 20 aniversariode la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.
Creada en 1959, la Cidh tiene por objetivo promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia para 21 Estados donde habitan 500 millones de personas.
Entre sus principales funciones se encuentra la de formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales.
El organismo está integrado por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, con un mandato de seis años y posibilidad de reelección por un período adicional.
