“Es una larga historia de trabajo y de lucha la que vivimos todos los que creamos esta institución y no puedo creer que nos haya pasado esto”, dice angustiada Liliana Cheri, fonoaudióloga, profesora de educación especial y directora del Centro de formación laboral Un mundo posible. La institución, a la que concurren 45 chicos mayores de 14 años con capacidades diferentes, está a punto de quedarse sin sede. Los responsables del centro denuncian una estafa por parte del propietario del inmueble, porque no les dijo que estaba hipotecado cuando se firmó el contrato de alquiler por diez años y ahora, tras haberle hecho refacciones y con todo funcionando, se enteran de que la sede ya tiene fecha de remate.

El centro, en donde trabajan diferentes profesionales, especialistas en discapacidad, cuenta con habilitación de la Junta Provincial de Evaluación para la Discapacidad y está reconocido por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Esto les permitió a sus integrantes conseguir subsidios para su funcionamiento de modo que la enseñanza es gratuita para todos los alumnos que asisten y reciben capacitación en jardinería, alimentación, reciclado de papel y fabricación de artesanías. Además, gracias al aval del gobierno provincial y nacional, lograron un convenio con un hipermercado de la ciudad para que los alumnos efectúen pasantías en forma rotativa, una de las pocas posibilidades que existen en Rosario para que personas discapacitadas se inserten en el mercado laboral.

Pero la tarea de docentes y alumnos se vio opacada a mediados de 2004 cuando se enteraron de que el inmueble de Avenida Pellegrini 1823 donde funciona el centro –que habían alquilado a través de la inmobiliaria Farías de Rosario– estaba hipotecado, no tenía los planos aprobados y pesaban sobre él deudas impositivas superiores a los 18 mil pesos en concepto de tasa general de inmuebles. También se enteraron de que el propietario estaba en quiebra y descubrieron que la mujer que había firmado en 2004 el contrato de alquiler por diez años, invocando carácter de “locadora”, era una falsa apoderada.

La situación de docentes, padres y alumnos es apremiante, no sólo porque en estos años han invertido mucho dinero procedente de donaciones en arreglos y en la adaptación de la casa a las discapacidades de los chicos (con baños y rampas especiales) sino también porque el Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación ya puso fecha de remate a la vivienda.

El martes 3 de octubre, el inmueble –que para la Justicia aparece como “desocupable” en virtud de la nulidad del contrato de alquiler dictada por los vicios más arriba detallados– debía ser rematado, aunque por el momento y por tratarse de una institución con fines sociales, el juez Ramuno les otorgó 45 días de prórroga.

La comunidad educativa realizó una presentación judicial por estafa y responsabiliza no sólo al propietario, porque consideran que evidentemente actuó con mala fe, sino también a la inmobiliaria que cobró su comisión para verificar la disponibilidad de la propiedad para ser alquilada y nunca denunció las irregularidades.