Una joven rosarina mantiene una angustiante disputa legal con la familia de su marido, de Córdoba, por el cuidado del hombre, que sufrió un accidente con serias consecuencias neurológicas. A pesar de que la Justicia le había dado la derecha a la mujer, un fallo posterior ordenó el traslado del paciente a la provincia vecina.

La historia de amor entre Gisela Menza, médica, e Ignacio Ballesteros, jugador de polo, comenzó en enero de 2004, durante unas vacaciones en Mar del Plata. Desde entonces se volvieron inseparables y hace dos años se casaron, tal lo cuenta en su informe Analía Bocassi, periodista de El Tres.

Pero el 11 de diciembre de 2010 marcó una trágica bisagra en la historia de la joven pareja, cuando él, durante un partido, sufrió una violenta caída tras que su yegua patinara. Terminó con un severo traumatismo de cráneo que puso en riesgo su vida y finalmente quedó en silla de ruedas.

Luego de una internación en el Instituto Fleni para su rehabilitación neurológica, Gisela preparó una casa en Fisherton totalmente equipada para el cuidado de su marido: camillas, una cama ortopédica y equipos de oxígeno, entre otras adaptaciones para su mayor comodidad. Pero su destino no sería ése.

Desde mediados del año pasado, Gisela debió afrontar un duro pleito judicial contra la familia de Ignacio, que pretendía hacerse cargo de su cuidado, argumentando que en Rosario “no estaba bien cuidado, algo que de ninguna manera pasaba”, según el abogado de la mujer, Diego Ansilleta.

“Se comprobó que –el joven– estaba en perfecto estado, y un juez determinó que la que tenía que velar por su salud era su esposa”, agregaron desde la defensa.

Sin embargo, a pesar de ese veredicto, los Ballesteros recurrieron a un Tribunal Federal, ámbito que para el entorno de Gisela “no tiene nada que ver” con el caso, y el juez Ricardo Bustos Fierro –que en 1999 trascendió por habilitar la re-reelección presidencial de Carlos Menem– ordenó la internación del paciente en un centro de rehabilitación cordobés.

“Allí está solo todo el día”, lamenta Gisela, y desde su equipo jurídico sostienen que se trató de “un secuestro con connivencia judicial”, aunque insisten con que el juez federal que intervino “no tiene competencia en temas de familiares”.

“La última decisión de Ignacio fue casarse conmigo, y no lo están respetando”, cerró la joven, que de una gran historia de amor pasó a vivir un drama con final incierto.