Ante la difusión periodística de algunos de los términos de la denuncia que dos Comisarios de la Policía Santafesina, imputados y enjuiciados actualmente ante los Tribunales Orales de Rosario por delitos tipificados en la ley nacional de estupefacientes, realizaran contra los Fiscales de la causa ante la Procuración General de la Nación, la Regional Nº 8 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ) que abarca las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Venado Tuerto y Rafaela, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación manifiesta:

Que la actuación de los Fiscales ha sido convalidada por todos los órganos jurisdiccionales intervinientes, jueces federales de Rosario, Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Cámara Federal de Casación Penal y Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes dictaron los respectivos autos de procesamientos, prisiones preventivas, y autos de elevación a juicio o confirmaron los mismos en los trámites recursivos que articularon los imputados y sus defensas.

Que las denuncias ya realizadas contra Fiscales y Jueces -en oportunidades anteriores y en ante distintas instancias- han sido desestimadas.

Que la actuación de los Fiscales ante el Tribunales Orales Federales de Rosario no ha merecido reproche alguno por parte del mismo, y que -la diferencia de apreciación respecto de la evaluación de las pruebas que se han producido durante el debate- es algo que sucede en todo proceso judicial cuando se confrontan las posiciones adoptadas por los acusadores y los imputados y sus defensas.

Que llama profundamente la atención el momento en que se realiza ésta presentación y su pública difusión, con un debate que se encuentra culminando y con los jueces a punto de comenzar a debatir sobre el veredicto a dictar respecto de los hechos materia de proceso y acusación. En tal sentido no podemos sino colegir que se utiliza la denuncia contra los acusadores públicos como un intento de presión hacia los Magistrados que deben dictar sentencia.

Que la Procuración General de la Nación no “acepta” ni “hace lugar” a denuncias, como se dijo en la nota periodística que reprodujo el domingo pasado parte del texto de la denuncia radicada, sino que otros son los órganos tanto del Ministerio Público Fiscal de la Nación como del Poder Judicial de la Nación, a los que les toca dirimir ya sea en el ámbito disciplinario o penal, la admisibilidad, verosimilitud o apariencia delictiva de los hechos contenidos en una denuncia.

Que no podemos disociar esta maniobra para intentar enlodar a los Fiscales que actúan ante la Justicia Federal, con la proyectada adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de desfederalización del narcomenudeo.

Que como representantes de los trabajadores del sistema de justicia nos preocupa de sobremanera toda maniobra para lograr impunidad, así como las acciones para ensuciar la trayectoria de aquellos Magistrados, Funcionarios y Empleados que integran la Justicia Federal y que -desde la soledad de sus despachos y en las condiciones más adversas- tienen un compromiso inquebrantable contra el flagelo de la drogas y las consecuencias de su tráfico ilegal.