Tras la polémica que desataron las fotos de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel junto a animales cazados, la diputada Alicia Gutiérrez volvió a presentar un proyecto de ley que prohíbe el establecimiento y funcionamiento de cotos de caza y el desarrollo del turismo cinegético en todo el territorio santafesino. También estipula la creación del Concejo Provincial de Protección de los Animales no Humanos y de la Diversidad Biológica. La legisladora advirtió que en la provincia hay lugares donde, además de vulnerarse los derechos de animales –incluido el tráfico de espercies– se ofrecen servicios sexuales, muchas veces de niños.

En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), Gutiérrez confirmó que presentó nuevamente su iniciativa para prohibir el funcionamiento de cotos de caza y el desarrollo del turismo cinegético. La normativa, que fue presentada por primera vez en agosto de 2014 pero al no obtener tratamiento perdió estado parlamentario, fue elaborada en conjunto con la ONG Capibara NDS de Santa Fe.

Se estima que hay 15 cotos de caza en la provincia, muchos en el norte, y uno solo con autorización provincial. Además de vulnerarse los derechos de los animales, “muchos están ligados al turismo sexual, a la prostitución infantil”, sorprendió la legisladora, quien deslizó que hay oferta de servicios sexuales junto a los de la caza de animales, explotación de menores, trata de personas y demás delitos referidos a la temática. “Hemos hablado de este tema y ha generado cierta reticencia hasta agresiones de presidentes comunales y otras autoridades locales porque dicen que desprestigiamos a la caza pero está ligada a eso”, señaló.

La diputada sostuvo que ha habido algunas intervenciones de la Justicia pero admitió que existe complicidad entre los propietarios de estos emprendimientos con los mismos habitantes que se benefician económicamente. “Se niegan a hacer la denuncia, a comunicar estos hechos”, dijo y consideró: “Es muy preocupante lo que pasa y la Justicia federal no se hace cargo. Estamos intentando prohibir los cotos”.

“Con esta medida lo que se busca es proteger la biodiversidad y poder avanzar en un proceso de transición por el cual se remplacen estos emprendimientos dedicados a la caza deportiva por otros alternativos que sean respetuosos de los derechos de los animales como, por ejemplo, el ecoturismo, la caza fotográfica, el avistaje de especies, entre otros”, explicó la diputada Gutiérrez.

De acuerdo a lo que expresó, en Santa Fe, se ha constatado la matanza de grandes mamíferos en los cotos de caza donde son liberados ciervos exóticos, jabalíes y maras patagónicas, entre otras especies. Animales en peligro extinción, como el puma, son capturados en otros parajes y perseguidos dentro de potreros cercados. Incluso se ha verificado el tráfico de animales desde la provincia hacia otros sitios. “Muchas veces la caza de nuestras especies de fauna es ofrecida por internet, y los cazadores extranjeros vienen directamente con la misión de matar un determinado animal”, contó la legisladora.

Como plantea los fundamentos del proyecto, en el mundo actual la extinción de especies animales no está directamente relacionada con la escasez de alimentos o la contaminación, sino que es consecuencia de acciones violentas como la caza o el comercio ilegal, y la introducción de especies exóticas que compiten por uno o más recursos con individuos nativos o ya adaptados al lugar y que pueden transmitir enfermedades, lo que redunda en desmedro de la fauna autóctona y en una alteración significativa del ecosistema de la región. La existencia de este serio problema en la provincia ya ha sido observada y alertada por parte de distintas instituciones.

Entre las funciones que desarrollará el Consejo Provincial de Protección de los Animales, conformado por representantes del gobierno y de organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta problemática, se encuentra la de promover acciones y políticas tendientes a lograr una mejora sustancial de la relación entre naturaleza y sociedad, respetuosa de los derechos de la naturaleza y de los animales no humanos, y monitorear el efectivo cumplimiento de la Ley.

Las violaciones de la presente normativa serán sancionadas con multas de entre 1000 y 30.000 litros de nafta, teniendo en cuenta la gravedad de la acción y si existe o no reincidencia. Y en el caso de una empresa que se encuentre legalmente constituida para otros fines, será sancionada con la inhabilitación temporaria hasta tanto se asegure el cese de la actividad prohibida.