El celular de la mujer de Eduardo Trasante, el pastor y ex concejal de Rosario asesinado el martes 14 de julio en su casa, desapareció ese día del crimen. No se sabe hasta ahora qué pasó con ese teléfono de Carolina, la viuda, y dos elementos objetivos sembraron sospechas varias: un acta policial en la que consta el secuestro de ese aparato para la causa y un rastreo satelital que ubicó ese equipo frente a la casa ocupada por un policía. De la propia investigación surgen datos que descartan hipótesis sobre lo ocurrido y ofrecen algunas certezas. Algo vital en tiempos en donde además de narcopolicías se descubren a empleados municipales o integrantes de Fiscalía que colaboran con bandas criminales.

Entre las 14.47 y las 14.53 de ese martes dos personas ingresaron a la casa de Trasante en San Nicolás al 3600 y lo asesinaron de dos disparos. Carolina, la mujer del ex edil de Ciudad Futura, estaba junto a él. Ambos tenían sus celulares pero solo el de Trasante fue recuperado. ¿Se lo llevaron los homicidas porque contenía alguna amenaza o extorsión previa? ¿Lo escondieron policías o investigadores para encubrir algo? La Fiscalía asegura que no, en ambos casos.

Además de los sicarios, entraron al domicilio tres personas que fueron a socorrer a Carolina, quien pedía ayuda a los gritos en la siesta de la zona sudoeste rosarina. Después arribaron tres policías del Comando Radioeléctrico. El primer patrullero llegó a las 15 y el segundo a las 15.08, según el acta.

El fiscal Gastón Ávila se sumó a las 15.45 y presenció el procedimiento desde ese momento. Habló con la mujer, aún en estado de shock. El celular de Trasante estaba sobre una mesa en la planta baja, donde se produjo el asesinato. Pero, como no encontraban el de Carolina, de color rosa, en esa casa aún manchada de sangre y desesperación, quedaron que ella lo buscaría cuando estuviese más tranquila y al día siguiente lo entregaría. Eso no ocurrió.

Unas dos horas después, la Policía escribió un acta con las acciones realizadas que, según explicó el fiscal Ávila a Rosario3, se realiza con la información disponible y se dicta en el momento. En ese documento firmado por dos subinspectores consta que se secuestró el celular de Carolina Leone y de Eduardo Trasante. La abogada de la familia, Gabriela Durruty, lo hizo público y pidió explicaciones. La querellante ya había reclamado por "desprolijidades" en el caso.

El acta policial que consta en la foja 4 del expediente. (@GabrielaDurruty)

Ávila afirma que se trató de "un error" e interpreta que se transcribió el pedido que la Fiscalía le hizo a los policías, que era de incautar los dos equipos, algo que no se pudo concretar. “Yo estaba ahí y sé que no se secuestró. En un acta posterior, que es la que tiene el detalle, solo figura la descripción del teléfono de Trasante”, asegura.

Pero ese material que está en foja 4 del expediente no es el único elemento que generó confusión y sospechas. Como el teléfono de Carolina no aparecía, la familia utilizó una aplicación privada y detectó que el celular había sido apagado a las 15.20 de ese martes en Dr. Riva al 5300.

De alguna manera el dato contribuye a la explicación del acta errónea. ¿Cómo pudo haber sido secuestrado de forma oficial en San Nicolás al 3.600 y estado a las 15.20 a unas 20 cuadras hacia el oeste de ese lugar? Pero, al mismo tiempo, abrió otro capítulo turbio. Al otro día, el miércoles 15 de julio, allanaron la casa señalada por el GPS y resultó que allí estaba un suboficial de la comisaría 9°. Es la casa de su ex pareja y no estaba claro qué hacía ahí. Hallaron cuatro móviles pero no el buscado

“La geolocalización mediante esas aplicaciones tienen un margen de error de 70 a 80 metros a la redonda por eso no suele ser útil en este tipo de investigaciones. No es que el celular se apagó adentro de esa casa, sino que es una dirección y una altura aproximada. Y en esa casa, a esa altura, dio la casualidad que había un policía”, dice Ávila.

La palabra “casualidad” precedida de “error”, en ambos casos vinculado a policías, no ayuda a despejar las dudas. El fiscal refuerza su afirmación por otro lado: la mujer solo usaba el Whatsapp del celular para comunicarse (compraba datos, no tenía abono), no hacía ni recibía llamadas y declaró que no había allí ninguna información relacionada con la causa. “¿Para qué se llevarían ese celular y dejarían el de Trasante?”, plantea el integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La argumentación vuelve al principio. Ocho personas estuvieron en la casa entre el asesinato y el arribo de los investigadores. Los dos sicarios podrían haberse llevado el celular aunque escaparon en auto hacia la otra dirección de donde se apagó el equipo, a las 15.20 (27 minutos después de la huida). Los tres policías del Comando, a quienes el fiscal les abrió una causa por sacarle fotos al cadáver y viralizarla, se quedaron en el lugar durante el procedimiento. Si alguno de ellos tomó el teléfono, tuvo que dárselo a una cuarta persona para que se lo llevara y lo apagara recién a 20 cuadras de allí. Parece poco probable pero no imposible. Restan las tres personas que ingresaron al domicilio para auxiliar a la viuda.

Uno es un trabajador de una distribuidora vecina y su hermano, que se quedaron en el lugar e incluso dieron notas a los medios. Del tercero no hay datos, salvo una descripción de la mujer: era un hombre que estaba cirujeando en un contendor cuando ella salió a la calle, siempre según la reconstrucción oficial del fiscal Ávila.

Para la investigación, el caso del celular perdido puede tratarse este de un episodio menor. Eso expresó también el fiscal Matías Edery esta semana. Sin embargo, el de Trasante es un crimen de gravedad institucional y según las acusaciones de tipo mafioso y por encargo. Por ser un ex concejal (renunció por una denuncia de acoso sexual) pero sobre todo por su condición de referente social que denunciaba la violencia narco criminal y padre de dos jóvenes asesinados (el primero de ellos, Jeremías, en el emblemático triple crimen de enero de 2012). El extravío no resuelto del celular se produce, además, en paralelo a las revelaciones de filtraciones a bandas desde Fiscalía y también, en otra causa, desde un Centro de Distrito Municipal. Por todo eso, a los funcionarios públicos les toca ser, parecer e incluso sobreexplicar.