Matías “Pino” César, un recluso de “alto perfil” alojado en la cárcel de Piñero, sigue sumando imputaciones desde el encierro. Detenido desde el 11 de septiembre de 2018, el joven oriundo de barrio Tablada, e integrante de una familia con varios miembros ligados al delito, se encuentra condenado a 20 años de prisión por integrar el grupo de gatilleros que, en nombre de Ariel “Guille” Cantero, atacó a tiros varios domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial. Ahora, por segunda vez en el año, fue imputado como jefe de una banda organizada con varios socios también tras las rejas, pero no incomunicados.
La investigación ventilada en la audiencia de este jueves por los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone puso eje en las conversaciones de un teléfono fijo en el pabellón N.º 27 –de alto perfil– donde está alojado César. En la audiencia, la acusación hizo hincapié en la facilidad de los imputados para comunicarse en pro de un “acuerdo criminal”, en este caso detectado en junio y, en teoría, desbaratado la semana última.
Tanto es así que, por requerimiento de Haurigot y Carbone, el juez de la audiencia Hernán Postma pidió al Servicio Penitenciario restringir las comunicaciones en el pabellón para presos de alto perfil. Según la sugerencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se propuso sacar el teléfono fijo del salón de uso común del pabellón para llevarlo a una sala en la que se encuentre el celador y varios agentes de grupos especiales. Se agregó que la utilización podrá ser por cuatro horas diarias y en horarios rotativos.
Según el legajo fiscal, César tenía diálogo fluido por teléfono con Alan Uriel “Negro” o “Maradona” Larrosa, un recluso alojado en el pabellón 8 de Piñero desde cuatro años atrás. En rigor, Alan está condenado a 15 años de prisión por el crimen de Matías Nicolás "Lela" Núñez, ocurrido en la Navidad de 2019.
Carbone imputó a Alan –hijo del futbolista retirado Guillermo “Grillo” Larrosa– como “organizador” de la entente criminal de Matías César, de quien recibe órdenes y oficia de contador, según la atribución fiscal.
El grupo acusado este jueves se conocía en la calle como La mafia nueva generación, y de acuerdo con la evidencia fiscal, dos de sus integrantes ordenaron una tentativa de homicidio en Granadero Baigorria. La víctima fue un chico de 15 años que sobrevivió el ataque en la medianoche del 15 de junio, en su casa de Liniers al 900.
Los autores materiales de ese hecho no fueron identificados. Al retirarse dejaron un cartel con la leyenda “Todos los que no laburen para Culón del Norte le vamos a mandar plomo, esto es aviso, L. M. N. G”.
Para la Fiscalía, Culón del Norte es otro interno del pabellón 8 que tiene “diálogo fluido” con Matías César: Roberto Danilo Medina, que purga una condena a 13 años por un crimen cometido en Empalme Graneros en 2017.
En rol similar al Culón, el fiscal ubicó a Joel Gerónimo “Inglés” o “Negro Gero” Bogado y a Julián “Chizo” Aguirre, también del pabellón 8. Estos reclusos son quienes “brindan instrucciones al brazo armado del grupo sobre los domicilios o las personas que deben ser blancos de ataque”.
El prontuario de Aguirre no se queda atrás con relación al de Matías César. Ya se encuentra imputado como “jefe” de un grupo criminal enquistado en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Y por transmitir por videollamada el asesinato de un joven en abril de 2021, mientras estaba en libertad, entre otros hechos de sangre.
Tanto el Negro Gero Bogado como Aguirre fueron imputados por ordenar el asesinato de un joven villagalvense que fue blanco de varios disparos el 11 de julio en Eva Perón y Rouillón en el marco de un conflicto originado en un boliche. La víctima, que sufrió la usurpación de su casa, pudo esquivar todos los disparos y salió ilesa, pero semejante ataque causó conmoción en los trabajadores del lugar.
Por último, Marcos Daniel “Quemadito” Arriola; Brian Ezequiel Valdez; Maximiliano Ezequiel Rosales y Agustín Ezequiel Medina formarían parte del “brazo armado” de la banda encargado de ejecutar los hechos de violencia ordenados por los eslabones superiores del grupo delictivo.
Al término de la extensa audiencia, el juez Postma convalidó las imputaciones e impuso medidas cautelares por el plazo de ley. La mayoría de los imputados, sin embargo, ya se encontraba en prisión.
El juez también sugirió al Servicio Penitenciario, por pedido de los fiscales, trasladar a distintos pabellones a los imputados Roberto Medina, Julián Aguirre, Alan Larrosa y Gerónimo Bogado. El objetivo es que queden alojados en sectores con inhibidores de señal y no estén juntos.
En tanto, Postma también aconsejó al Ministerio de Seguridad llevar a otros predios penitenciarios a los acusados Brian Valdez, Marcos Arriola, Maximiliano Rosales y Agustín Medina.
