Para Marcelo Sain, director del Organismo de Investigaciones y ex ministro de Seguridad, la imputación a la jefa de Inteligencia Sur "es una maniobra" en represalia por el alcance de las investigaciones complejas en las que trabajó.

"Acá hay una maniobra contra Débora Cotichini porque dirigió la unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda contra las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja", dijo Sain a Rosario3, en sus primeras declaraciones públicas de marzo, cuando dejó el Ministerio de Seguridad.

Como auxiliar de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA, el Organismo fue central en el avance de investigaciones que derivaron en las detenciones de los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal y en la ruta del dinero de la causa del juego que alcanza al senador Armando Traferri, citado para audiencia imputativa el 23 de agosto, y a policías de San Lorenzo.

Fue también el Organismo de Investigaciones el que llevó, junto al MPA, a determinar que parte del dinero narco de Rosario se lavó en Corrientes y Córdoba y Puerto Norte.

"La provincia de Santa Fe le debe muchísimo a Débora Cotichini. Van por ella porque es eficiente, honesta y de bien. No es peronista ni la traje yo de Buenos Aires. La conocí acá. Es una histórica de esta provincia", agregó quien es director por concurso de la policía judicial.

Marcelo Sain sostiene además que, como jefa de Inteligencia Zona Sur del Organismo, Cotichini "está fuera de la facultad de intervención disciplinaria de la Legislatura".

Sobre su situación, que no está imputado pero sí mencionado en la imputación a Cotichini, sostuvo que no fue anoticiado ni conoce detalles. Sí entiende además que es una forma de avanzar sobre él. "Es una maniobra política", consideró.

Sain, por un amparo al que le hizo lugar la Justicia Laboral de Rosario, evitó que la Legislatura trate lo que era una segura suspensión de su cargo actual. La ley que le dio a la política el control disciplinario de los funcionarios del Ministerio Público -como su caso- es parte de una discusión que llegó a la Corte Suprema de Santa Fe.