Después de la presentación de este lunes, a cargo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, frente a las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, en la cual denunció irregularidades del Poder Judicial, los Estados realizaron una serie de recomendaciones al país y destacaron avances de la actual gestión.

Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostuvo el representante de Argentina en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). 

Luego, la ONU realizó en sus redes sociales un resumen de los principales temas que trató el texto y algunas recomendaciones para fortalecer los derechos humanos en el país gobernado por Alberto Fernández. En este sentido, el organismo internacional precisó, a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de Twitter, que los Estados le recomendaron a la Argentina, entre otras cosas, que ”asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”.

Por otra parte, los países de la ONU remarcaron la necesidad de que el Gobierno “designe un Defensor del Pueblo nacional” y avance con cuestiones como garantizar los “derechos de los pueblos indígenas”, la “asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo” y el combate a “la discriminación contra personas LGBTIQ+”.

También le aconsejó, por ejemplo, que “mejore las condiciones en las prisiones”, que “garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”, que “prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza”, que “garantice el acceso a una educación de calidad para todos”, que “aborde las disparidades en el sistema de salud” y que “armonice su legislación sobre personas con discapacidad”.

Por último, le pidió que “continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género”, “proporcione representación legal gratuita para víctimas de violencia de género” y “asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales”.

Dentro de las publicaciones de la ONU, hubo lugar para elogios hacia la gestión actual, tales como “sus esfuerzos por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad” y “adoptar un plan de acción nacional para combatir la violencia de género y una ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”. También celebraron la decisión de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y “aprobar una ley nacional para garantizar una educación igualitaria y de calidad”, además de “combatir el cambio climático”.