En los próximos días debería haber medidas para asegurar el abastecimiento de combustible en un país que inicia la cosecha gruesa, balconea los primeros fríos del otoño-invierno, necesita sostener la actividad económica y no puede recurrir a la importación porque los precios internacionales del petróleo y el gas se dispararon, además de no tener suficientes divisas para pagar la cuenta.
El mercado de los hidrocarburos para Argentina es un gran Tetris donde no es sencillo hacer encajar exportación y importación; precios internos y externos; inversión y restricción en el mercado de divisas; producción, refinación e infraestructura insuficiente. Lo que el gobierno resuelva con ese conjunto de variables para garantizar que no falten combustibles como ya está sucediendo, debería hacerlo considerando el plan que los fabricantes pymes de biodiesel llevaron a la Secretaría de Energía de la Nación para sustituir un millón de toneladas de gasoil importado por un millón de toneladas de biodiesel.
Los beneficios son innumerables: ahorro de divisas, mayor actividad económica, industrialización de materia prima en origen, más actividad en la economía regional y menos emisión de gases contaminantes. La propuesta consiste en elevar a 10% el corte obligatorio del gasoil destinado a transporte automotor y las usinas de generación eléctrica. Medio millón de toneladas podrían abastecerlas las pymes y la otra mitad las exportadoras integradas que también tienen altísima capacidad ociosa.
Obviamente las petroleras no quieren ceder esa fracción de mercado a manos de los biocombustibles, pero en esta instancia no pueden garantizar el abastecimiento, lo que presenta una oportunidad inmejorable para las 18 fábricas radicadas en Santa Fe que producen el 80% del biodiesel del país. Así lo entendieron las Bolsas de Comercio de la región centro y el Ministerio de Producción de Santa Fe al acompañar el pedido del sector.
En las últimas horas se sumó un proyecto de ley de los senadores santafesinos de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Dionisio Scarpin, que va en el mismo sentido pero por medio de la desregulación del mercado interno, con oferta y demanda libre, en consonancia con la mirada que tienen, entre otros, la Cámara de Exportadores de Biocombustibles.
La inflación es otra razón en contra de importar todo el combustible necesario para pasar el periodo mayo-septiembre que es el de mayor demanda. No sólo no están los dólares para comprar, sino que con los precios actuales del petróleo, cualquier solución que pase por la importación en volúmenes similares a los del año pasado implica aumentos de precios en el surtidor y/o mayores subsidios. Justamente dos variables que deberían ir en sentido contrario según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y según el bolsillo: la proyección del IPC para marzo es peor que la de febrero.
El gobierno lidia con estos complicadísimos frentes en el peor momento político. Las tensiones con el cristinismo no ceden. No aparecen símbolos de paz. Algunos los buscan, pero otros los desbaratan y tiran más de la cuerda. Así es la convivencia en tensión permanente.
Como fue con el acuerdo con el FMI, también la lucha contra la inflación es motivo de diferencias entre el presidente y el cristinismo sobre qué debe y qué no debe hacerse. Lo reconoció el propio ministro del Interior, el camporista Eduardo Wado De Pedro. Otra señal de que las tensiones en la superestructura del Frente de Todos impactan en el gabinete y la gestión. Ya en ocasión de la aprobación en el Congreso del acuerdo del FMI, el presidente le encargó al jefe de Gabinete alinear a los gobernadores peronistas. Esa es una tarea que corresponde hacer el ministro del Interior, pero De Pedro es del sector que votó en contra del gobierno.
¿Cómo hará De Pedro para coordinar con las provincias la lucha con la inflación si su sector no comparte las medidas que definen el presidente y los ministros de Economía y Producción? De Pedro está en un lugar complejo, porque los gobernadores peronistas son cruciales para el esquema de poder del oficialismo, pero ese esquema de poder hoy tiene dos terminales. ¿En cuál de esas terminales acumula el trabajo del ministro?
Para que no queden dudas de las diferencias, presidente y vice encabezaron actos separados este sábado por el 2 de abril. En el suyo la vicepresidenta reveló que le mandó a Alberto un libro de regalo: “Diario de una temporada en el quinto piso”, de Juan Carlos Torre, un ex funcionario que retrata desde adentro la política económica de Raúl Alfonsín y su desastroso desenlace.
En su visita a Las Parejas para lanzar planes vinculados a la producción, el presidente asistió al planteo en público del gobernador de Santa Fe. Perotti reiteró sobre el escenario su rechazo a la eliminación del diferencial de retenciones a la industrialización de la soja. El presidente no se amilanó y expuso sus razones. “El momento es excepcional (por los altos precios internacionales de los granos) y excepcionales son las utilidades que se están logrando y no puede ser que esa excepcionalidad la paguemos todos y no el que está ganando. Estoy de acuerdo en que todos pongamos un poquito”, dijo en respuesta al reclamo del rafaelino, que instantes antes había dicho que “los sectores beneficiarios de la minería y el petróleo también sean los que aporten”.
“Lo bueno es que puedan disentir, incluso en público, sin destrozarse. Son dos políticos de raza que no van a romper por más que opinen diferente, hasta ideológicamente. Ojalá no me equivoque”. La mirada es la de un reconocido industrial santafesino, quien no deja de señalar que “es toda una señal que el presidente haya venido con el ministro Kulfas a una de las provincias que más aporta a la economía nacional”.
La relación entre gobierno nacional y provincial está muy fría y empieza a sentirse en la gestión. “No puedo decir que en Buenos Aires no nos atienden, pero sí que atienden los teléfonos mucho menos que antes”, contó un funcionario de un área que necesita interactuar permanentemente con el gobierno de Alberto Fernández. Algo muy similar admitieron en un ministerio vecino.
Las diferencias exceden la gestión y alcanzan la política. Quedó claro en el discurso que el gobernador hizo en el camping de Confiteros de Rosario este viernes, a donde convocó a su espacio interno Hacemos Santa Fe. Perotti repasó los proyectos de su gestión y lo que hará de acá al final de mandato, siempre con la premisa de que quienes lo estaban escuchando vayan a comunicarlo en sus entornos y redes sociales.
El gobernador está convencido de que el déficit de su gobierno es que no se comunica lo que está haciendo. Sin embargo, omitió darle a ese grupo de jefes comunales, funcionarios, legisladores y sindicalistas coordenadas o referencias nacionales. Cualquiera podría decir que el plan es recluirse en Santa Fe, alambrar la provincia y tratar de salvar lo propio en tanto y en cuanto a nivel nacional no haya señales de la recomposición de un proyecto abarcativo de todos los sectores como ocurrió en 2019.
Probablemente la mayoría de los gobernadores peronistas esté considerando esa posibilidad para llegar a 2023 con el menor riesgo posible de ser arrastrados en caso de que el gobierno nacional no remonte su imagen. Se verá cuando a principio del año próximo cada gobernador arme su cronograma electoral y qué tan lejos o cerca lo haga de las elecciones presidenciales. Será decisiva la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Fernández y Axel Kicillof deberán definir si unifican las fechas o por primera vez la desdoblan. Es lo que en 2019 intentó la ex gobernadora del PRO María Eugenia Vidal para salvarse, pero Macri y Marcos Peña se lo impidieron. El resultado es conocido por todos.
En Santa Fe Perotti está concentrado en conducir y fortalecer su espacio político (Hacemos Santa Fe). El viernes estaban sentados a dos sillas de distancia los senadores José Baucero (San Javier) y Osvaldo Sosa (Vera). Ambos son los más dialoguistas dentro del bloque que preside Armando Traferri. Ahora que Perotti dio marcha atrás y recompuso los acuerdos con todo el bloque, Baucero y Sosa tienen margen para mostrarse junto con el dispositivo político del gobernador sin que implique debilitar al Pipi Traferri.
Este sentimiento de un peronismo santafesino sin conducción se tradujo en el lanzamiento anticipado de dos precandidatos a gobernador del Frente de Todos en un mes. Primero fue Leandro Busatto por La Corriente y esta semana el diputado nacional Eduardo Toniolli por el Movimiento Evita, que apuesta a sumar a sectores de izquierda, el progresismo y otros sectores del peronismo que no se sienten tenidos en cuenta.
En el Evita creen que Perotti y su gobierno no están “ni pensando ni caminando” un plan de ampliación del Frente de Todos para contrarrestar el eventual lanzamiento de un frente de frentes que unifique a toda la oposición. Jugar todo el futuro exclusivamente a la gestión, puede resultar demasiado autorreferencial y se corre el riesgo de que reduzca el volumen electoral a la hora de pelear la continuidad en 2023.
En ese plan, el gobierno acaba de licitar la extensión de una red propia de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio provincial, obra que pretende que sea “el legado” de su administración. Y actúa en consecuencia al convencimiento de que necesita iniciativa política. De todas las ideas que le van acercando, por ahora eligió ronda de consultas en relación a autonomía municipal, así como la extensión a 4 años de los mandatos de presidentes comunales y voto joven, ambas iniciativas del diputado del PJ Oscar Cachi Martínez.
En ese afán de tomar iniciativa, gobernador y ministro de Economía convocaron a una conferencia de prensa para dar cuenta del pago de un vencimiento de deuda de 125 millones de dólares tomada en 2016. Toda una curiosidad anunciar que no se entró en default cuando esa posibilidad jamás estuvo en juego. La conferencia validó aquello que pretendía cuestionar sobre la decisión que entonces tomaron el gobierno anterior y la gran mayoría de los legisladores del peronismo que aprobó la emisión de títulos públicos en el exterior para financiar obra pública.
En síntesis, la provincia pagó el vencimiento sin dificultades, sin afectar el normal desenvolvimiento de las cuentas públicas, sin siquiera considerar una reestructuración de pasivos (fue la única provincia junto con CABA que no lo hizo) y sin comprometer el acceso al crédito, como lo demuestran el préstamo de la CAF por 100 millones de dólares para el Plan de Conectividad y el pedido de autorización enviado esta semana a la Legislatura para financiar el acueducto Santa Fe-Córdoba. Hoy la deuda provincial –a pesar del aumento entre 2020 y 2021, ahora reducida por este pago– sigue estando entre las de mejor perfilamiento del país cualquiera sea la variable con la que se mida, incluido el cronograma de vencimientos. Y algo determinante: el dinero está clavado y plantado en infraestructura de uso público.
Por último dos cuestiones que darán que hablar en las próximas semanas que cruzan lo político y judicial. Una de ellas es el ingreso en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para dar marcha atrás con la reforma del régimen disciplinario de los fiscales y defensores que tantos conflictos abrió. La iniciativa es del radical Fabián Palo Oliver y el acompañamiento del Frente Social y Popular e Igualdad. Si los distintos bloques mantienen las posiciones que vienen expresando podría prosperar.
Por otra parte, sospechados y querellantes finalmente tienen acceso total a la investigación por el presunto espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad en los tiempos de Marcelo Sain. Aun cuando todavía falta abrir algunos teléfonos IPhone incautados por los fiscales, la audiencia imputativa no puede demorarse más. La extensión de plazos lo único que hace es alimentar sospechas de todas las partes y sembrar dudas sobre el margen de autonomía con el que pueden desenvolverse los fiscales que están al frente del caso. Más cuando se observan los reacomodamientos que hubo en la política provincial desde los allanamientos de noviembre pasado.
