En medio de una semana atravesada por protestas sindicales y sociales contra la reforma laboral del gobierno nacional, la concejala libertaria Samanta Arias presentó un proyecto para que Rosario adopte formalmente un “protocolo antipiquetes” que habilite el despeje de calles con intervención policial, el secuestro de vehículos utilizados en bloqueos y la aplicación de multas ambientales.
La edila señaló que decidió presentar la iniciativa surge tras movilizaciones de agrupaciones sindicales y políticas “en arterias clave como Circunvalación y Presidente Perón, además de interrupciones en más de veinte puntos de las zonas sur, oeste y centro”. Esos bloqueos, planteó, afectaron la circulación, el transporte público y la actividad económica local.
“Lo que vivimos no fue simplemente una manifestación, fue un bloqueo deliberado de corredores estratégicos. Cuando se corta Circunvalación o se sitia una zona, se afecta directamente a miles de vecinos que necesitan circular para trabajar, estudiar o atender urgencias”, sostuvo Arias, alineada políticamente con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El proyecto propone una política de “tolerancia cero” frente a las interrupciones del tránsito. En términos conceptuales y operativos, plantea una adhesión a los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación. La ordenanza establece que el derecho constitucional a manifestarse está garantizado, pero no habilita la comisión de delitos ni la interrupción del tránsito vehicular.
La idea es que, como sucede con el protocolo nacional, “toda protesta debería realizarse sobre veredas, plazas o espacios públicos, sin ocupar la calzada. Ante un corte de calle, agentes de Tránsito y Control municipal intimarían el cese inmediato del bloqueo. Si la conducta persiste, se declararía la flagrancia y se solicitaría la intervención de la Policía de Santa Fe o de fuerzas federales, según la jurisdicción, para proceder al despeje físico de la arteria”.
Uno de los puntos centrales del proyecto apunta a desarticular la logística de las manifestaciones. La concejala propone utilizar las cámaras del Centro Integrado de Operaciones de Rosario (Cior) para identificar vehículos utilizados para cortar calles, los cuales podrían ser remitidos al corralón municipal.
La iniciativa también prohíbe la quema de cubiertas y prevé el decomiso inmediato de materiales tóxicos o inflamables. En esos casos, el municipio se constituiría como querellante penal por daño ambiental contra las organizaciones responsables. Además, se contempla la intervención de la Dirección de Infancias cuando se exponga a menores de edad a situaciones de riesgo durante los cortes.
“Los cortes no son espontáneos. Hay organización, hay logística y hay recursos destinados específicamente a bloquear. Si hay planificación para impedir la circulación, tiene que haber planificación del Estado para desarmarla. Sin estructura logística, no hay piquete. Y esa estructura ahora va a tener consecuencias materiales y penales”, afirmó Arias.
La concejala planteó que la ciudad debe modificar su enfoque en materia de seguridad urbana. “Rosario necesita aplicar la doctrina de orden que impulsó Patricia Bullrich a nivel nacional. Ya se demostró que cuando el Estado actúa con reglas claras y decisión política, los cortes se terminan. Durante años se naturalizó que las organizaciones podían extorsionar a la ciudad bloqueando calles. Eso no es un derecho, es un delito”, expresó.
