Al filo de la quiebra y luego de un cambio de asesores jurídicos, la agrofinanciera en default Guardati Torti (GyT) sumó en las últimas horas la adhesión de importantes acreedores a su propuesta de pago concursal quedando así en las puertas de lograr la aprobación de la mayoría del capital exigido por la ley (66%). Y con esa carta sobre la mesa, la firma apuesta a ahora a que el juez comercial, Ezequiel Zabale, le extienda el plazo de exclusividad en la negociación (que venció la semana pasada) por 90 días.
GyT, que supo ser una operadora líder del mercado local, afronta una deuda concursal de $400 millones y tiene, en paralelo, a todo su directorio imputado por estafa al haber manoteado los fondos de sus clientes bursátiles en su intento por frenar la corrida que atravesaba su negocio cerealista.
La postura extremadamente altanera de sus directores, la elección de una estrategia judicial confrontativa con los acreedores y la falta de apego a los plazos procesales, fue exasperando los ánimos de sus ex clientes y arrinconando a la firma en un concurso en el que no tendría que haber pasado por tantas y serias dificultades ya que tenía activos de sobra para responder (uno $600 millones) por su pasivo.
Fue así que llegó a la semana pasada sin poder juntar ni el capital ni las cápitas que le aprueben su oferta de pago, y eso que el juez Zabale le había extendido (con sucesivas prórrogas) en casi un año el plazo para que pueda lograrlo.
Es más, en una situación de extrema tensión con los acreedores, la semana pasada hasta pidió que excluyan a 100 de los 384 acreedores que tiene por supuesta hostilidad para con el proceso. Es más, la firma quedó en las puertas de quiebra pese a haber ofrecido sobre la hora una mejora en la propuesta. Oferta de la que no hizo una presentación detallada y que se presentó sin darle tiempo a los acreedores para analizarla en profundiad.
Con la situación al rojo, GyT cambió de representación jurídica y dejó en manos de sus nuevos abogados el armado de la estrategia y la negociación con los acreedores, relación que la propia empresa había dinamitado. El estudio jurídico Casanovas, Mattos, Salvatierra y Feser tomó el caso con una nueva estrategia que buscó retomar las conversaciones con los acreedores en busca de un entendimiento.
Fue así que tras unas quince horas de negociación, logró un acuerdo con el acopio Arequito (uno de sus principales acreedores), que aceptó adherirse a la oferta de pago de GyT y también a la oferta de pago del concurso de la otra empresa en default del grupo (el acopio GyT Plus), proceso que corre en paralelo. También sumaron la adhesión de otros 10 acreedores de importancia (en volumen) con lo que ahora GYT estaría, según sus cálculos, muy cerca de lograr la mayoría del capital que acepte la oferta que exige la norma.
Y para conseguir la mayoría de las cápitas (cantidad de acreedores) busca retomar el diálogo con los casi 80 clientes bursátiles a los que les mantonearon los saldos líquidos de las cuentas comitentes.
Como se dijo antes, la empresa había pedido la exclusión de ellos al considerarlos hostiles (si la Justicia así lo dispone ya tendría la mayoría de las cápitas), y si bien ese proceso formalmente sigue (la Sindicatura pidió hoy pruebas a la concursada que muestren pruebas de la hostilidad), todo indica que fue una estrategia de negociación y que de haber un entendimiento ese incidente quedaría desactivado.
En el estudio jurídico que ahora lo asesoran sostienen que la última mejora de la oferta de pago presentada es buena y ofrece garantías suficientes. En líneas generales, proponen pagar el 100% del crédito verificado (pesificado) en 10 meses vía un sistema de liquidación de activos (acciones de Matba-Rofex, Bioceres y sus oficinas en la torre Nordlink en Puerto Norte), prometiendo que si la venta se apura se paga antes de los 10 meses.
¿Cómo sigue la historia? Formalmente, el proceso está en una suerte de impase procesal. El pedido de prórroga (por 90 días) está abierto y pendiente de resolución judicial.
En lo que hace al acopio del grupo (GYT Plus), la situación es financieramente mucho más delicada no sólo por el monto que debe (unos $2,500 millones) sino porque tiene muy pocos activos para responder. Es por eso que la oferta de pago se basa en ofrecer todo lo que recaude si prospera un jucio contra la consultora KPMG (por su responsabilidad en la caída de Vicentin) y cuando Vicentin le pague los millones que le quedó debiendo.
El tema es que el viernes 27 de mayo se vence el plazo de exclusividad en la negociación por GYT Plus y la firma, otra vez, llega sin haber conseguido la adhesión de los acreedores a su propuesta de pago.
En este caso, la empresa no recurrió -al menos hasta ahora- al estudio jurídico Casanovas, Mattos, Salvatierra y Feser, y ante el vencimiento apuesta por presentar un pedido de prórroga del vencimiento del plazo de exclusividad en la negociación confiando en que como hasta ahora sólo le prorrogaron una vez (en GYT van por la tercera) el juez Zabale se la otorgue. Sobre todo porque, producto de la negociación en el concruso de GYT con acopio Arequito, esa cerealera (su principal acreedor al que le quedó debiendo $600 millones) también aceptó adherirse a la oferta de pago de GYT Plus.
