La disputa por el millonario negocio del servicio de carga de embarques en los puertos cerealeros de Puerto General San Martín y Timbúes escaló fuerte el viernes y a partir del lunes habrá acciones gremiales contra terminales clave del complejo.
Se trata de una dura pugna por un negocio millonario que enfrenta pesos pesados de la estiba en el principal polo de exportación de soja del país. Y si bien el conflicto lleva varias semanas, hasta ahora se buscó dirimir en Tribunales y en fallidas mesas de negociaciones. Pero luego de los cruces del viernes, ahora hay temor en los puertos y en la agroexportación de que la batalla se busque resolver en los muelles con bloqueos de actividades.
La historia es la siguiente: Con la decadencia política del viejo cacique sindical Herme Júarez, la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto General San Martín perdió el monopolio del servicio de estiba en las terminales cerealeras del norte del Gran Rosario que tuvo durante décadas y que le permitió cobrar dolarizadas tarifas y así armar un imperio. Todo eso sin descuidar la prestación de un buen servicio, como se lo reconocieron los puertos.
A pedir de los propios puertos (que durante el gobierno de Mauricio Macri empujaron mucho por la introducción de competencia en ese servicio para bajar las tarifas que pagan), dos empresas privadas (Milisenda y SAP) lograron hacer pie en el negocio de prestar ese servicio.
Con la caída en desgracia de Juárez, que incluso estuvo preso, y la intervención judicial de la cooperativa, las terminales hasta lograron que las tarifas del servicio se vuelvan a pesificar.
Por un tiempo, entre las tres organizaciones se repartieron los contratos en los muelles. Pero este año, una vez que la cooperativa normalizó su situación institucional empezaron los cruces.
Además, todo esto ocurre en el marco de una disparada inflacionaria y la reducción de la actividad portuaria sobre el río Paraná por la histórica bajante (que hace que los barcos carguen menos) y las menores cosechas por la sucesión de sequías (que redujo el volumen de granos), dos fenómenos naturales que achicaron la torta a repartir.
La cooperativa asegura Milisenda y SAP se quedaron con casi el 65% del mercado a fuerza de una política de tarifas bajas que los puertos cerealeros celebraron. Por el contrario, las dos empresas apuntadas aseguran que la cooperativa nunca bajó del 55% su participación.
Pelea judicial
Si bien esos porcentajes quedan en el terreno de la controversia, el desplazamiento empezó a generar estrés financiero en la cooperativa, que tiene que costear una estructura muy grande heredada de la época de Juárez, tamaño que –hay que decirlo- le había permitido prestar un servicio de excelencia, reconocido por las propias cerealeras globales.
Para la cooperativa (que es de medio centenar de estibadores) y para el gremio de los estibadores (Supa) las dos empresas privadas podían cobrar tarifas más bajas porque (además de no tener la misma estructura) no pagaban aportes sindicales, cargas sociales, jubilaciones, aportes especiales a los trabajadores y cargas impositivas que deben abonar a la Afip. En 2021, según sus números, la deuda de las empresas osciló los $120M.
Por el contrario, Milisenda comunicó que no es cierto que adeude suma alguna con el registro de seguridad social que cubre las prestaciones jubilatorias por tareas insalubres y también aseguró que no es cierto que adeude suma alguna en concepto de aportes sindicales ni contribuciones patronales. “Estamos a disposición para resolver cualquier consulta y entregar las certificaciones de servicios individuales a cada trabajador”, informaron.
El caso es qu. el Supa fue a principios de mes a la Justicia federal de Rosario con un combo de denuncias y pedidos de medidas cautelares contra ambas empresas. Algunas recayeron en el juzgado número uno y otras en el número 2. Para Milisenda y Sap, la avanzada la judicialización es una estrategia para sacarlos por la fuerza del negocio.
Y fue el juzgado el número 1 –que subroga el juez penal Carlos Vera Barros- el que dictó el 5 de octubre una cautelar por la que suspende a la Milisenda y Sap del Centro de Contrataciones (Cedecom), al que deben recurrir las empresas para contratar a los estibadores habilitados para los muelles. Al quedar fuera de ese registro, ambas empresas no pueden acceder a los estibadores y por ende no pueden prestar el servicio.
La razón la cautelar es por la deuda que el gremio sostiene que ambas firmas tienen con ellos por el no pago de la tasa de uso, que entró en vigencia hacia 2017. Y si bien las empresas (que discuten la naturaleza jurídica de esa tasa) presentaron al juzgado una caución por el monto adeudado, que son $180 M ($110M por Milisenda y $70M por Sap), Vera Barros les rechazó la contra-cautelar y tuvieron que apelar a Cámara.
Como el trabajo del estibador es por jornales, las empresas deben recurrir al Cedecom para que les envíe la cantidad requerida por el tiempo requerido que necesitaran para prestar servicios en el puerto que los contrató para la carga de un barco.
Como cautelar de Vera Barros dejó afuera del negocio a ambas empresas la cooperativa de estibadores desde esa fecha volvió a tener el monopolio de los servicios de estiba. En ese contexto, el Cedecom habilitó a otras dos empresas, cuya presencia no fue objetada por el Supa. Se trata de las firmas Portman Servicios Portuarios y Servicios Integrales Portuarios. Hasta ahora, los puertos no las contrataron para prestar servicio alguno, y para Milisenda y Sap ninguna tiene experiencia alguna en el estibaje.
El viernes la situación se volvió a calentar al extremo cuando la sala B de la Cámara de Apelaciones, y en tiempo récord (unas 24 horas) a instancias del juez Guillermo Toledo, aceptó la sustitución de la cautelar y por ende volvió a habilitar a que Milisenda y Sap en el Cedecom.
Ante esa situación, el Supa redobló la apuesta y el mismo viernes hizo una asamblea en la que los afiliados decidieron que no trabajarán para ambas compañías argumentando que no cumplen con sus obligaciones laborales.
“Nos llama poderosamente la atención como el juez Toledo en tiempo récord, en ausencia de pares, y habilitando días y horas inhábiles en forma inédita, hace lugar al pedido de Milisenda y SAP. Ojalá que algún día se igual de eficiente para acoger nuestros derechos”, denunció Aníbal Cabrera, Secretario General del Supa.
Pero además de no aceptar ir a cumplir jornales a las dos empresas, los estibadores preparan para esta semana acciones gremiales concretas contra las empresas portuarias que respaldan a Milisenda y Sap, que son Renova y Terminal6; y en menor medida Cofco.
¿Y los puertos?
Hasta ahora el conflicto no impactó en la actividad portuaria. Incluso, la Cámara de Puertos Privados Comerciales buscó interceder entre los grupos para lograr un entendimiento que no se pudo concretar. No obstante, ahora que el gremio iniciará medidas concretas cunde la preocupación de que la disputa interrumpa el trabajo en los muelles.
¿Qué quieren los puertos privados? Básicamente, estaban muy cómodos con la situación reciente (tres competidores de probada capacidad y tarifas a pagar en pesos). Pero el tema de las denuncias por falta de pago de compromisos laborales e impositivos, que ahora la Justicia debe dirimir, no les pasó desapercibido. Es que si bien, ideológicamente están a favor de la competencia y la actividad privada, el riesgo de ser solidariamente responsables de los incumplimientos de un proveedor de servicios los espanta.
Y si bien, a la larga siempre terminan actuando unidos como bloque compacto, hay diferencias sobre lo que está ocurriendo. Mientras que Renova y Terminal 6 están abiertamente en defensa de Milisenda y Sap, la china Cofco los apoya pero sin regalarles nada, y el resto prefiere tomar distancia de los dos proveedores privados hasta que la Justicia resuelva.
