El Grupo Grassi, uno de los principales actores de mercado cerealero del país, participará en un grupo que realizará una oferta por Vicentin en el marco del proceso de cram down que se abrió luego del fracaso de la oferta de pago presentada por la defaulteada agroexportadora.

Commodities SA, el acopio del grupo, es el segundo acreedor comercial de Vicentin y encabezó -en el marco del fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin- la oposición a la propuesta que no pasó el filtro de la Justicia por un conjunto de incongruencias.

Desde China, donde se encuentra, Grassi le dijo a Rosario3 que desde hace largo tiempo están "en activas y en muy buenas conversaciones con el Banco Nación", lo que no quita que la entidad también esté analizando otras alternativas de posible cobro de la acreencia o ingreso al capital accionario. De hecho, el Banco Nación, principal acreedor de Vicentin, ya anunció que participará del cram down.

“Todo el fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin, así como el Banco Nación, tenemos como objetivo recuperar nuestras acreencias ayudando a poner de pie a Vicentin manteniendo el espíritu del plan que tenemos desde siempre, que es en defensa de las pymes del agro argentino”, resaltó Grassi.

Por su parte, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que es la principal acreedora comercial de la aceitera, todavía analiza si se va a presentar o no al cram down. “No nos urge entrar en el cram down por la acreencia, ya que haber absorbido nosotros la deuda de las cooperativas asociadas fue tan bien valorado que empezamos a recibir más de sus granos compensando así el esfuerzo financiero”, le dijo a Rosario3 el gerente general de ACA, Julián Echazarreta. 

“Entiendo que puede haber razones que justifiquen hacer una propuesta, pero claramente no se entrará por la necesidad de cobrar una deuda. En caso de hacerlo se hará porque los directivos consideran que es una oportunidad, como lo fue al sumarnos al grupo inversor original”, agregó el ejecutivo.

En efecto, ACA era uno de los tres inversores (junto con Bunge y Viterra) que habían propuesto quedarse con Vicentin fondeando así la oferta de pago concursal, oferta rechazada por la Justicia por inconsistencias de fondo, como un trato desigual a los acreedores y la falta de un plan integral que comprenda todos los activos de la malograda agroexportadora y no solo sus plantas del Gran Rosario.

“Por prudencia financiera, en caso de realizar una propuesta no la realizaríamos en soledad, sino con socios”, completó Echazarreta.

Con respecto a los contratos de fazón que ACA tiene con Vicentin hasta enero, dijo que -amén de que por la falta de granos por la seca ya dejaron de enviar materia prima a procesar- dejarán de tener vigencia porque solo tenían sentido si estaban atados a la compra de las plantas de la aceitera. 

En tanto, es toda una incógnita lo que harán Bunge y Viterra, dos compañías en proceso de fusión a nivel internacional. Quedarse con el porcentaje de acciones de Vicentin en Renova sigue siendo el objetivo primordial para mantener el control total de la principal planta de crushing del país.

Formalmente, ambas encuentran trabas normativas para comprar una empresa en esta situación judicial, aunque podrían sortearla recurriendo a subsidiarias en Argentina o teniendo a Vicentin de fronting de una nueva propuesta.

En ese contexto, ayer el juez de la convocatoria resolvió extender 10 días más el plazo para inscripción de oferentes en el cram down, que vencía el viernes próximo, lo que le otorga más tiempo a las multinacionales para poder tomar una decisión.

Por el lado de Vicentin, la empresa ya informó que presentará una oferta de pago, pero -todavía sacudida por el revés judicial- apuesta con todo a que en la apelación, que presentarán el lunes, se suspenda el cram down. Ahí ponen todos los cañones.

No obstante, parece difícil que prospere la apelación ante la contundencia de la resolución del juez del concurso, Fabián Lorenzini, sobre las fallas de la oferta. 

Un dato interesante del proceso que se abre es que el juez Lorenzini llamó a una nueva valuación de la empresa (en el concurso fueron tasados sus activos en 350 millones de dólares), en pos de tener precisiones de cuánto se tendrían que llevar los accionistas por perder la empresa, una suma que debería tender a ser de 0 dólar (esto es, no llevarse nada), ya que tiene acreencias por u$s1.500M, sin contar millonarias contingencias que acumula.

A todo esto, un dato que no puede pasar desapercibido es que los bienes de Vicentin siguen cautelados por la Justicia penal en el marco de las investigaciones contra el directorio que estaba al frente al momento del default.