La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33%, que oficializó el Gobierno este sábado en el Boletín Oficial.
Según señalaron, la medida es un “atentado contra la industrialización de la soja” en el país. Además, destacaron que estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo.
“Esta medida es una clara indicación de que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, remarcaron en el escrito.
Además, desde la Ciara advirtieron que había otras alternativas al “castigo impositivo”. “Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1330 millones de dólares (fuente Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”, aseveraron.
Otra de las alternativas que plantearon en el comunicado tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo. “Esto le podría reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional está garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca”, detallaron.
“Sin embargo, el gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan al primer complejo exportador nacional. Toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país. Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población Argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos”, concluyeron los aceiteros.
